Ricardo de Lima
Ensayista y consultor
Madrid, España
Al final, después de filtraciones y anuncios reiterados del ex ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega sobre la reglamentación de la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz, el gobierno dio a conocer los proyectos de dos decretos cuyo propósito fundamental consiste en burlar el fallo de la Corte Constitucional, promulgado por el máximo tribunal de la justicia en Colombia, el pasado 18 de mayo.
Aura María Puyana Mutis
En la presidencia de Bill Clinton muchos fueron los debates sobre el significado y posibles impactos del Plan Colombia aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en junio de 2000, como una política integral orientada a garantizar "la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado". Era un momento de campaña electoral en los Estados Unidos, cuando arreciaban las críticas republicanas sobre la pasividad del gobierno demócrata frente a dos realidades que exigían un replanteamiento estratégico de la Casa Blanca: el desbordado crecimiento de los cultivos de coca en el país andino y las negociaciones de paz con las FARC-EP, iniciadas por el presidente Andrés Pastrana Arango desde antes de su posición el 7 de agosto de 1998.
Comisión Colombiana de Juristas
Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU
La Comisión Colombiana de Juristas al analizar los proyectos de decretos reglamentarios de la Ley 975 de 2005 y de la Ley 782 de 2002 encuentra que además de evadir la Sentencia de la Corte Constitucional contiene un artículo que podría llevar a la cárcel a las víctimas que no denuncien los delitos cometidos por los paramilitares. La paradoja según la Comisión es que mientras los victimarios podrían llegar a tener penas de solo 3 años y medio las víctimas podrían llegar a tenerlas de hasta 18 años.
Jorge Eliécer Guevara
Senador de la República
Hemos adoptado con entusiasmo el camino que nos señalaron dos millones setecientos mil colombianos, que acompañaron al doctor Carlos Gaviria Díaz en la campaña presidencial y que hoy no están de acuerdo con la política del actual Presidente de la República ; que no comieron cuento y que no se sienten engañados, con las medidas que ha tomado el doctor Uribe Vélez una vez fue reelegido de la mano de los grandes empresarios, los terratenientes, las multinacionales, los medios de comunicación y del gobierno de los Estados Unidos.
Jorge Escobar Hernández
Director regional Bogotá
Viva la Ciudadanía
El Congreso de la República aprobó por fin la reforma al Código del Menor [1] para mejorar su imagen en el contexto internacional, al menos en esta materia, ya que estaba en mora de adecuar su legislación a los tratados, pactos y convenciones internacionales, en particular la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado colombiano con la Ley 12 de 1991 y cuyo poder vinculante exige cumplir con los respectivos compromisos, lo cual no se había realizado hasta la fecha.
[1] Proyecto de Ley Numero 215 de 2005 Senado, 85 de 2005 Cámara, por el cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Gaceta No.234. Julio 2006
Rafael Uribe Uribe
Una reforma tributaria estructural, como la que ahora se le presenta al país, no se elabora a la topa tolondra, pues su diseño exige tener una brújula o filosofía o concepción o modelo de lo que debe ser un sistema tributario. Para la actual reforma tributaria, el modelo se inspira en las ideas de la economía de la oferta, la public cloice, el Consenso de Washington, en síntesis en el neoliberalismo, el cual es llamado en el documento como tendencias internacionales en materia impositiva.
WebMaster: Federico Bernal R.
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