Ricardo de Lima
Ensayista y consultor
Las recientes revelaciones desprendidas, a cuenta gotas, del computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, por filtraciones que se han dado desde la Fiscalía General de la Nación, han comprobado lo que el parlamentario Gustavo Petro Urrego había denunciado desde hacia ya dos años, y que luego la columnista e investigadora Claudia López confirmó en una investigación --sencilla como dice ella—, a través de la revisión juiciosa de las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que los paramilitares habían constreñido a los electores, creando distritos ilegales de votación en los cuales se obligó a los ciudadanos a votar por un determinado candidato al Congreso de la República en las elecciones del 2002.
Álvaro Villarraga Sarmiento
Presidente de la Fundación Cultura Democrática
La suspensión por parte del Gobierno nacional de las medidas que facilitaban el inicio de las conversaciones para el acuerdo humanitario de intercambio con las Farc si bien afecta en particular a las víctimas, de fondo responde a la estrategia gubernamental de recuperar la iniciativa política, recurriendo a la opción del llamado a la guerra. Sin embargo, la posibilidad del acuerdo humanitario también reside en la capacidad de presión de los familiares de las víctimas, en el activa movilización interna en su demanda y del apoyo de la comunidad internacional.
Francisco Taborda Ocampo
Asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía
Lo sucedido el pasado miércoles 1 de Noviembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, demuestra muy bien la importancia de la vigilancia ciudadana sobre los proyectos que se adelantan en el Congreso, sobre todo cuando se trata de iniciativas gubernamentales. La decisión de aplazar para el mes de marzo de 2007 (lo cual equivale prácticamente a un archivo del proyecto) la propuesta de una reforma a la justicia, presentada por el Gobierno supuestamente para superar el choque de trenes, a la cual se sumó posteriormente una propuesta del Consejo de Estado y luego una de Germán Vargas Lleras, es reflejo de varias cosas.
Luis Eduardo Celis Méndez
Asesor de la Corporación Nuevo Arco Iris
Para quienes vivimos de manera intensa la fuerza del pueblo Nicaragüense volcado en las calles, luchando de manera heroica para terminar con la dictadura de Anastasio Somoza durante el primer semestre de 1979, quedó para siempre grabado en nuestra memoria este hecho.
Jorge E. Espitia Zamora
Candidato a Ph. D. en economía de la Universidad de Barcelona
El pasado 30 de octubre, en el debate realizado en el Congreso de la República sobre el Acto Legislativo 011 --proyecto que pretende modificar el actual sistema de transferencias intergubernamentales-- se presentó una propuesta, en el sentido de trasladar los montos asignados a una fiduciaria, si las Entidades Territoriales (ET) no aumentan las coberturas en los servicios públicos, objeto de dichos recursos. Gracias a esta iniciativa el sistema financiero, a través de las fiduciarias, se embolsaría en 2009 cerca de un billón de pesos ($1.000.000.000.000) por la administración de estos fondos, el equivalente al costo de atención de aproximadamente 3 millones de personas en el sistema subsidiado de salud o cerca de 700.000 niños, que podrían ingresar al sistema educativo.
Jairo Bautista
Asesor de la Cámara de Representantes
Cuando el gobierno anunció a principios de agosto (luego de la posesión del presidente Uribe, claro está) que se empeñaría en presentar una reforma tributaria al sistema tributario colombiano, más de un incauto creyó realmente en que eso implicaba una reforma para hacer más justo y equitativo el pago de impuestos, desgravando a las clases medias y pobres, y aumentando los gravámenes al capital.
Rubén Fernández
Corporación Región, Medellín
En el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República, hay contempladas una serie de decisiones que afectarían seriamente al sector social de conjunto y en particular a las ONG, las cooperativas, los fondos mutuales y de empleados, entre otros y a su capacidad de trabajo. En concreto, la eliminación del régimen tributario especial, que pondría a estas organizaciones a pagar impuestos sobre sus rentas como si fueran cualquier negocio es una decisión regresiva, en la que la razón de Estado, se pone por encima de las necesidades de la población empobrecida del país.
WebMaster: Federico Bernal R.
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