Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Las propuestas de Reformas a la Constitución política en materia de justicia y sanciones a los partidos políticos por sus nexos con los actores armados ilegales siguen en la agenda pública gracias a los esfuerzos del Gobierno, por tratar de colocar otros focos en la vida pública del país, distintos a los procesos de la parapolítica. Sobre la improvisación del Gobierno en la llamada reforma a la justicia dan prueba fehaciente las nuevas propuestas que ha realizado tanto el ministro del interior y de la justicia, Fabio Valencia Cossio, propuestas ratificadas por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En menos de una semana se modificó sustancialmente la propuesta. Como dijimos en la semana anterior lo que realmente interesa de la reforma a la justicia es la doble instancia para el juzgamiento de los parlamentarios.
Sin ningún argumento de peso ahora la propuesta es que la primera instancia para la investigación y juzgamiento de los parlamentarios sea la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia sea la sala plena del mismo organismo. También, se retiro la propuesta de que los miembros de la Corte Constitucional sean cooptados por el propio organismo. Ahora se propone dejar las cosas como están, es decir que los magistrados de la Corte Constitucional sean elegidos por el Senado de la República de ternas enviadas por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente de la República. Insisten el Ministro y el Presidente que los demás organismos sean elegidos mediante el sistema de la cooptación, sistema que como hemos insistido fracasó estruendosamente durante cien años de vigencia de la Constitución Política de 1886.
Debemos insistir que los verdaderos problemas de la justicia están relacionados con su morosidad o lo que coloquialmente se llama el atosigamiento o congestión de la justicia. Miles de personas se encuentran privadas de la libertad sin que tengan acusaciones formales. La justicia contencioso administrativa tiene un retraso de por lo menos cinco años, lo propio acontece en la Justicia Penal. El Gobierno, experto en levantar cortinas de humo ahora pretende demostrarle al país que el problema de la Justicia esta relacionado con que a los parlamentarios no se les garantiza una doble instancia. Cuando la Corte Suprema de Justicia cumple con investigar a 76 parlamentarios por sus presuntos nexos con narcotraficantes y paramilitares sale el Gobierno a decirnos que el gran problema de la Justicia es que a estos parlamentarios no se les garantiza el debido proceso porque no existe en la Constitución Política una norma que las garantice una doble instancia.
A sabiendas de la debilidad del argumento el Gobierno dice por todos los medios que esta reforma no tendrá un carácter retroactivo. Sin embargo, la retroactividad será decidida en el futuro por la Corte Constitucional mediante el recurso de la Tutela que interpondrán los parlamentarios condenados o investigados en el proceso de la parapolítica. Los contenidos de la reforma se han ido desinflando. Ahora el gran propósito es una sala administrativa conformada por los Presidentes de las Cortes para que decidan sobre los recursos de la rama de manera autónoma o la cooptación de los integrantes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Realmente como en la leyenda el rey, ha quedado desnudo. El único propósito verdadero es la doble instancia y la impunidad para los parlamentarios investigados por sus nexos con los grupos paramilitares que resta señalarlo en su inmensa mayoría son socios del Gobierno y pertenecen a sus partidos de coalición.
Un segundo tema, es el de la reforma política. Como advertimos en un artículo en este semanario el verdadero propósito es el de aprobar una reforma hacia el futuro y a esto se prestaron los miembros de la llamada comisión de notables. El propio Presidente de la República lo ha dicho: el mandatario les pidió a los parlamentarios que aprueben la reforma política con vigencia desde el 20 de julio del 2009, con lo cual operaría para hechos que se registren a partir de entonces. “(Así) podemos contar con que todos voten, sin que los impedimentos nos afecten el quórum”, dijo.
Pero luego fue más explícito: “Si entra en vigencia el 20 de julio del año entrante, y opera solo para hechos que se presenten a partir de ese momento, nadie se tiene que declarar impedido. Podemos contar con que todos voten, sin que los impedimentos nos afecten el quórum”. Aquí ya lo habíamos advertido. Se trata de una reforma que no sancione a los parlamentarios de la coalición que están siendo investigados y 7 de ellos ya condenados por sus nexos con grupos paramilitares. Los suplentes seguirán votando hasta que se los lleven a la cárcel como ordenó el Presidente a los miembros de su bancada. Como hemos dicho esta reforma es una tabla de salvación a los parlamentarios acusados y condenados por aliarse con los grupos paramilitares responsables de decenas de miles de asesinatos. Son los nexos profundos que existen entre la propuesta de reforma política y de reforma a la justicia.
Agosto 8 de 2008
El Tiempo Empujón de Uribe a Reforma Política. Bogotá, Agosto 8 de 2008. Página 1A.
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