Ni monetarismo ni cesarismo: A propósito del último desencuentro entre el Presidente y el Banco de la República

Mauricio Uribe López*

En medio de la tensión generada entre el Gobierno nacional y el emisor por cuenta de la decisión de éste último de subir las tasas de interés, es más lo que se ha escrito y comentado sobre la reacción airada del Presidente que sobre el fondo del problema de la inflación en Colombia. Algunos columnistas han criticado al primer mandatario y otros a la Junta Directiva del Banco. En este artículo se presenta una visión crítica de tres problemas: i) los costos que sobre la economía tiene la terapia antiinflacionaria del banco, ii) la desatención del Gobierno nacional sobre los factores estructurales que presionan el crecimiento de los precios y, iii) los costos institucionales de la forma como el Presidente ha planteado el debate.

La inflación es un problema pero no estrictamente monetario

La inflación reduce la eficiencia económica. Si el crecimiento de los precios es volátil, la mayor  incertidumbre sobre los pagos efectivos de cada contrato tiende a inhibir la suscripción de compromisos dejando así que posibilidades de mejora no se lleven a cabo. En economía, siempre que una situación se puede mejorar sin que alguien salga perjudicado y no se hace, se dice que hay ineficiencia. Si la volatilidad es domesticada con la indización, la ineficiencia persiste porque el retraso en la comprensión de la evolución de los índices de precios puede derivar en un exceso de prudencia expresado en acumulaciones de inventarios y aplazamientos de la decisión de contratar mano de obra.

Los precios son la clave de la coordinación en una institución social basada en la toma descentralizada de decisiones: el mercado. A esa compatibilidad entre descentralización y coordinación, Hayek -el gran economista austríaco- atribuía una de las razones clave de la superioridad del mecanismo de mercado. Un régimen centralizado fracasaría entre otras cosas porque pretender la fijación de todos los precios como en el Edicto de Diocleciano sería una tarea imposible. Según Hayek (1974), los economistas debían aprender de los escolásticos españoles del siglo XVI para quienes el precio matemático (pretium mathematicum) dependía de circunstancias tan innumerables que todos los precios podrían ser sólo conocidos por Dios.
Si los precios se desbocan equivale a que todos los mensajeros del sistema económico portan siempre mensajes caducos y falsos dando lugar a que la compatibilidad entre descentralización y coordinación sea sustituida por el caos. Si los precios son piezas centrales de la información en el sistema económico y la información es un bien público, entonces, es claro que el control de la inflación también lo es.

No obstante, una cosa es reconocer que el control de la inflación es importante, y otra diferente señalar que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. La distinción es válida porque si bien hay acuerdo en que una inflación elevada es indeseable, no lo hay en cuanto a los medios para evitarla. Estos últimos están estrechamente vinculados a la forma en que se entienda la naturaleza de la inflación.

En el discurso que pronunció durante la ceremonia en la que fue galardonado con el Premio Nobel, Milton Friedman -el líder de la revolución antikeynesiana- afirmó que la “tasa natural de desempleo” está determinada por factores reales y que dicha situación es compatible con cualquier nivel nominal de precios o de cambio en ellos (Friedman, 1976). En otras palabras, que el dinero es neutral, que variables como el nivel de producción y empleo son independientes de los precios y, que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Esa ha sido en esencia una idea compartida por bancas centrales ortodoxas en todo el mundo, desde la Reserva Federal de la era Greenspan, hasta la Junta Directiva del Banco de la República en Colombia desde la Constitución de 1991.

Las principales consecuencias para la política económica derivadas de la concepción monetarista de la inflación son: i) que las políticas gubernamentales que buscan el empleo y el crecimiento mediante la promoción de la demanda agregada -vía mayor gasto público, aumentos salariales o alivios fiscales- aumentan los niveles de precios pero no el nivel de actividad económica y el empleo; ii) que el ritmo de crecimiento de los precios puede ser frenado subiendo la tasa de interés, sin que esto haga mella en los niveles de actividad económica y de empleo. En otras palabras, que el activismo gubernamental en economía es inflacionario, que el Gobierno, como dijo el presidente Reagan, es el problema y no la solución; y que la inflación puede ser controlada con una política monetaria severa sin que esto dañe el crecimiento.

La tasa de sacrificio del monetarismo del Emisor

Lo que ocurrió en Colombia durante la década de los noventa controvierte en los hechos la idea de que una política deflacionista basada en el aumento de las tasas de interés puede ser llevada a cabo con una Tasa de Sacrificio nula sobre las variables reales. Se suele decir, y con razón, que la inflación es un impuesto regresivo sobre los pobres. En efecto, el portafolio diversificado de activos de los más ricos les da mucha más oportunidad de escapar de la inflación que la que tienen la clase media y los pobres, quienes poco o nada pueden hacer para evitar la erosión de su capacidad adquisitiva.

Sin embargo, la perspectiva monetarista de lucha contra la inflación también puede ser regresiva y además, recesiva. En 1999 el producto interno bruto por habitante se redujo en 5,96 por ciento, el desempleo era de 20 por ciento y 7,4 millones de personas entraron en la categoría de pobreza reciente (la que mejor refleja los resultados adversos de la política económica) entre 1997 y 2003 (CID-UN, CGR, 2004: 23). El fin de la lucha contra la inflación no legitima todos los medios.

¿Por qué resulta pertinente recordar lo ocurrido en los noventa? La Sentencia C-481/99, promulgada en medio de la crisis por la Corte Constitucional, morigeró el radicalismo antiinflación del emisor al declarar inexequible la parte del artículo de la ley 31 de 1992, más conocida como ley del Banco de la República, en donde se señalaba que las metas específicas de inflación debían ser siempre inferiores a los últimos resultados registrados.  A pesar de ello, la perspectiva monetarista está aún presente en la forma como el Banco de la República entiende la inflación y los medios para combatirla, tal y como lo demuestra el reciente incremento en 25 puntos básicos de la tasa de interés de intervención, subiéndola al diez por ciento.

El argumento del emisor, es que la inflación anual al cierre del primer semestre del año llegó a 7,2 por ciento, superior al 5,2 por ciento del año anterior, y que de no hacerse el ajuste ahora, más tarde será más difícil en vista de que hay señales acerca de que las mayores expectativas inflacionarias están empezando a transmitirse a precios de bienes diferentes al petróleo y los alimentos (que son los que están halando la inflación), lo que podría sentar las bases de una nueva etapa de indización sino se restringe oportunamente la política monetaria.

En los noventa también, se argumentó que una estricta política de estabilización era una condición previa al crecimiento. En ese contexto, luego de que estallara la burbuja de la primera parte de la década -inflada por una fuerte revaluación- la política del banco se hizo cada vez más contraccionista y las tasas de interés llegaron a niveles confiscatorios. Así, una autoridad monetaria obsesionada con la inflación y entrampada en la defensa de la banda cambiaria para evitar que una repentina devaluación post-burbuja elevara dramáticamente la deuda externa privada y pública, quemó reservas, mantuvo elevadas las tasas de interés, y contribuyó a uno de los peores momentos de la economía colombiana en el siglo XX.

En ese momento, el emisor aplicó políticas de restricción de la demanda agregada en plena fase descendente del ciclo económico. Algo tan racional como entrar en una dieta rigurosa estando desnutrido. Hoy, en medio de la desaceleración del crecimiento (4,1 por ciento en el primer trimestre de este año contra 8,4 por ciento en el último trimestre de 2007), el banco plantea nuevamente un choque contraccionista cuya tasa de sacrificio sobre la producción y el empleo podría repetir en algunos aspectos los duros momentos de hace diez años.

Una inflación “globalizada”

La inflación no escapa a la globalización. El presidente Uribe, lo señaló con claridad: estamos importando inflación. En efecto, el aumento de los precios internacionales de los alimentos y de los precios del petróleo son los principales factores que están soplando la bomba de la inflación. El banco advierte que el encarecimiento de las materias primas ha aumentado los costos de las empresas. El remedio que propone es aumentar esos costos aún más subiendo la tasa de interés.

Las mayores tasas de interés no sólo debilitan la producción sino que son estímulo a la financiarización, es decir a que las empresas reinviertan cada vez menos excedentes de tesorería en la actividad productiva y los ubiquen en los mercados financieros perjudicando la generación de empleo y favoreciendo la concentración. Si la inflación es regresiva, la forma como es combatida por la ortodoxia monetaria también lo es.

El presidente Uribe, tiene razón al señalar que la inflación es mundial y que el endurecimiento de la política monetaria doméstica no es la solución apropiada. Pero, el presidente Uribe, se equivoca al achacarle al Banco de la República toda la responsabilidad en la desaceleración económica. Falta a la verdad el Presidente al pretender hacer creer a la opinión pública que él representa el compromiso con el empleo y el crecimiento y que la Junta Directiva del Emisor es el malo de la historia.

La pasividad del gobierno frente a los factores estructurales y el cesarismo presidencial

Si el Gobierno, comprende que la inflación no es un fenómeno monetario, ¿por qué no ha actuado sobre los factores estructurales que pesan sobre ella y que pueden reducir la vulnerabilidad doméstica frente al comportamiento internacional de los precios? Si es realmente partidario del crecimiento y del empleo, ¿por qué no ha puesto en marcha políticas de ciencia y tecnología que permitan crear una oferta exportable de alto valor agregado?, ¿por qué no tiene una política activa en la que el gasto público privilegie compras a favor de la producción doméstica? Tan divorciado parece estar el gasto público de la demanda doméstica que los gremios mismos reclaman una mayor reducción del gasto pensando más en el efecto desplazamiento del gasto público sobre la inversión privada que en las complementariedades.

El mayor de los factores estructurales está en el sector agropecuario, precisamente donde el vacío de política es más grave. La producción agrícola aporta en 5,8 millones de hectáreas más del 55 por ciento del Producto Interno Bruto - PIB agropecuario mientras el levante de ganado genera en 41,7 millones de hectáreas el 45 por ciento, eso sin descontar el aporte de la actividad avícola (Bonilla, 2005: 236). Quiere decir esto que tierras aptas para la agricultura no se utilizan. Peor aún, ahora hay un nuevo conflicto de usos del suelo: entre cultivos para la producción de alimentos y cultivos para la producción de biocombustibles.

La vulnerabilidad de la economía colombiana a la inflación global se morigera vía políticas activas orientadas a la promoción de un uso más eficiente del suelo en el sector agropecuario, el desarrollo de la infraestructura vial y el fomento de la producción doméstica, y no vía políticas contraccionistas cuyo éxito en la disminución de la inflación suele ser demasiado costoso. El Gobierno nacional, critica lo último pero, no tiene iniciativa en lo primero. Excusa su propia negligencia en la obsesión ajena.

Finalmente, una cosa es estar en desacuerdo con el Banco de la República y otra muy diferente abuchearlo desde el púlpito presidencial. Los amigos del Presidente señalan que como en el caso de las altas cortes, eso no es intromisión del Ejecutivo ni cuestionamiento de la independencia de estas instituciones. Afirman que tenemos un Presidente deliberante. La razón pública y la deliberación exigen argumentos y no descalificaciones adjetivas amplificadas por una posición de poder.

El Gobierno nacional, debe tener claro que la descalificar y poner en la picota pública a otras entidades del Estado tiene costos. Eso puede transmitir a los mercados un mensaje de inestabilidad institucional y precariedad de las reglas del juego que puede costarle al país decisiones de inversión. El presidente Uribe, debería recordar lo que el Adriano de Marguerite Yourcenar, tenía presente: “Somos funcionarios del Estado, no Césares”.

Referencias

Bonilla, Ricardo (2005), Problemas Colombianos Pendientes de Resolver, M. Cárdenas, La Reforma Política del Estado en Colombia: Una Salida Integral a la Crisis, Bogotá, Cerec, Fescol, pp. 229-256

CID-UN, CGR (2004), Bien-estar: Macroeconomía y Pobreza, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Friedman, Milton (1976), Inflación y Desempleo, Fundación Nobel, Los Premios Nobel de Economía 1969-1977, trad. E. Suárez, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 313-340

Hayek, Friedrich (1974), La Pretensión del Conocimiento, Fundación Nobel, Los Premios Nobel de Economía 1969-1977, trad. E. Suárez, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 245-258

Bogotá, Agosto 8 de 2008.