Narcotráfico, estrategia imperial y Minga social

Fernando Dorado
Miembro del Polo Democrático en el Cauca

La economía del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia (íntimamente ligados) son una herramienta de intervención económica y territorial del imperio. Las empresas transnacionales aliadas con monopolios capitalistas “nacionales” y el Estado colombiano se valen de esos factores para impactar economías tradicionales, descomponer comunidades indígenas y negras, y apoderarse violentamente de amplias regiones de un alto valor estratégico. Todo ello al servicio de la gran minería, la agroindustria de la palma y la caña (para la producción de agrocombustibles: biodiesel y etanol) y la apropiación de nuestra rica biodiversidad.

La violencia que están sufriendo los pueblos nativos Awa en Nariño y los Eperara Siapidara en Cauca, no es nueva. Ya la han soportado con graves consecuencias las comunidades Embera, Cuna, Noanamá y muchas otras en el Chocó biogeográfico en años pasados. Los pueblos afrodescendientes de toda la Costa Pacífica colombiana han sido sus mayores víctimas. Hace parte de una estrategia territorial de largo aliento y de grandes proporciones. No importa lo que pregonen públicamente los grupos armados (guerrillas, Ejército oficial, paramilitares tradicionales y emergentes), la verdad es que todos ellos, sin excepción, están al servicio, consciente o no, de los planes estratégicos imperiales.

Los cultivos de coca, amapola y marihuana utilizados para la producción y el comercio de los narcóticos a nivel mundial, tanto en América como en Asia, están dentro de la lógica capitalista globalizadora y depredadora. Más del 90% de las ganancias que produce esa economía “ilegal”, que mueve más de 500.000 millones de dólares anuales, se va para los grandes centros financieros y paraísos fiscales de las metrópolis capitalistas. Sólo una miseria les queda a los productores directos además de violencia y degradación.
Esa economía se maneja en forma muy similar a como se utilizaron las “economías de exportación de corto plazo” en el siglo XIX por parte del imperialismo inglés en toda Latinoamérica. Dividieron nuestro territorio y nos pusieron a producir las materias primas que ellos necesitaban: tabaco, quinina, añil, caucho, guano, oro, tabaco, algodón, ganado y otros productos. Así surgió también la producción cafetera, que por circunstancias especiales fue apropiada por nuestros campesinos y se ha mantenido en el tiempo. La coca juega – hoy en día - un papel similar, con iguales o mayores implicaciones sociales y económicas.

Nadie puede negar que los conflictos sociales entre campesinos (indígenas, afros y mestizos) y los grandes terratenientes por la apropiación de la tierra sean origen y causa estructural de esta guerra irregular que sufrimos desde hace cinco décadas. Sin embargo, a pesar que ese problema sigue allí (la propiedad de la tierra está más concentrada en pocas manos) el conflicto se mantiene gracias a otras dinámicas. La economía del narcotráfico entrelazada con los intereses estratégicos y territoriales del imperio es uno de sus principales combustibles, al lado de la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y la marginalidad social presente en amplias regiones de nuestro país.

El nivel de degradación que ha alcanzado el conflicto en Colombia obliga a todos los demócratas de éste país y del mundo a actuar. Dilucidar y comprender la estrecha relación entre el mantenimiento del conflicto armado, el interés económico-territorial que está detrás la industria de los narcóticos, y la estrategia geopolítica del imperio en la región, es fundamental para actuar en consecuencia. Si no identificamos y profundizamos en este problema seguiremos comportándonos como “idiotas útiles” en un entramado en el cual nuestras víctimas y muertos sólo son cifras que ocultan la avaricia criminal de los banqueros y financistas de Wall Street y City Londres.

Evo Morales hace poco fue muy preciso. Nuestro presidente indio denunció con toda firmeza: "que el tráfico de drogas se han convertido en una especie de instrumento político de control, de chantaje y de 'recolonización' en los países en vías de desarrollo." Ello es absolutamente cierto.

La situación regional Cauca-Nariño

La situación que viven los pueblos de Nariño y Cauca es muy grave. A la crisis económica del sector agropecuario, el impacto de la política financiera que llevó al surgimiento y el derrumbe de las captadoras ilegales de dinero, la pérdida de importantes recursos públicos de la salud, educación y otros rubros de las gobernaciones departamentales que fueron depositados en una “pirámide de cuello blanco” (Probolsa S.A.), ahora se ha sumado – con mayor fuerza – el impacto del conflicto armado.

Ésta guerra se ha venido incubando sorda y silenciosamente. El combustible de la economía del narcotráfico ha alentado el surgimiento de nuevos grupos armados, inéditas alianzas, insospechados comportamientos de los violentos, desplazamiento de la población civil, asesinatos, secuestros, extorsiones, descomposición de lazos comunitarios en núcleos de población intocados o hasta ahora muy poco impactados por la "civilización" en la costa pacífica nariñense y caucana.

La ofensiva militar contra las FARC, desarrollada desde hace 10 años en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo como parte del Plan Colombia desplazó inicialmente los cultivos de coca hacia el Meta, Guaviare, Vaupés, y otras regiones del oriente del país. El Plan Patriota acentuó el cerco obligando a los narcotraficantes a buscar nuevas alternativas territoriales. Fue así como volvieron sobre sus pasos hacia zonas de economía campesina como el Cauca y Nariño, que ya habían vivido el auge de cultivos de marihuana (1974-78), coca (1976-84) y amapola (1992-1996), pero en zonas como el Macizo Colombiano y la Vertiente Oriental de la Cordillera Occidental.

La Costa Pacífica fue el escenario ideal para el nuevo auge. En el Cauca, la región cuyo centro poblacional es Huisitó, tenía cultivos de coca desde la década de los años 80 del siglo pasado, pero en forma dispersa y en áreas pequeñas. La situación geográfica cercana al mar, la gran cantidad de ríos que cruzan la región, los intereses económicos transnacionales, la pobreza de las comunidades indígenas y negras, las nuevas realidades de los cárteles de la droga, crearon las condiciones para que desde hace más de 6 años los cultivos hayan crecido exponencialmente, atrayendo negociantes, pequeños productores y jornaleros agrícolas (“raspachines”) de diversas regiones del suroccidente del país.

Se puede afirmar sin temor a equivocaciones que la economía del café (69.000 y 30.795 caficultores del Cauca y Nariño, respectivamente), y otros productos de la región como la papa, caña panelera, ganado, leche y otros, son directa o indirectamente “subsidiados” por la economía del narcotráfico. El Gobierno es consciente de esa realidad, aparenta combatir el narcotráfico pero en la práctica lo estimula y alienta. Dejaron progresar las “pirámides” para después darles el golpe de gracia y canalizar dichos recursos hacia su banca oficial. Hasta el año pasado ese rubro de “recursos ilegales” hacía parte de las cuentas nacionales del Banco de la República.

Recientemente las FARC se mantenían operando en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, tanto de Nariño como del Cauca (zonas cercanas a la carretera panamericana). La ofensiva del Ejército los empujó hacia la otra vertiente que es menos poblada, que va a desembocar a municipios como Argelia, Timbiquí, López de Micay, Guapi en el Cauca, Maguí (Payán), Roberto Payán (San José); Barbacoas, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), La Tola, El Charco, Santa Bárbara (Iscuandé), Francisco Pizarro (Salahonda) y Tumaco.

Hoy, las zonas que antes eran sitios de operación de las FARC están absolutamente dominadas por los grupos emergentes de paramilitares como los Rastrojos y Águilas Negras, en alianza con reductos de guerrillas descompuestas y con el amparo del Ejército y la Policía. Municipios como El Tambo, Patía, Argelia, Balboa, en el Cauca y Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara, Soyomayor y otros en Nariño, que eran dominio de las FARC, hoy en día están bajo la ocupación de los “nuevos” grupos.

Todos los actores armados presentes en la región (FARC, ELN, paramilitares tradicionales o emergentes como las Águilas Negras, Los Rastrojos, Nueva Generación, y el Ejército Oficial), son herramientas violentas de esa intervención. La práctica de todos los grupos gira alrededor de la lucha por el territorio y el control de la economía del narcotráfico. Le preparan la pista a la ocupación territorial por parte de las empresas mineras y agro-exportadoras  como ocurrió en décadas pasadas en Urabá, Chocó, Magdalena Medio, sur de Bolívar y otras regiones de Colombia.

La acción autónoma de las comunidades: única alternativa

Hoy vivimos en la región una verdadera crisis de carácter humanitario. La situación es crítica en Cauca, Nariño y Putumayo. La dinámica actual del conflicto nos obliga a juntarnos y desarrollar acciones de tipo político, que no signifiquen la más mínima concesión ni a las fuerzas irregulares ni a las fuerzas estatales. La Minga indígena, con toda su fuerza y lecciones extraídas, tiene las mejores condiciones para ponerse al frente de un gran movimiento social que se está gestando y que va más allá de las organizaciones sociales “tradicionales”. Nuevas formas de organización social están apareciendo como los “damnificados de la política financiera del Estado y del derrumbe de las captadoras ilegales de dinero”, que son - en lo fundamental - amplias masas de población campesina de estos tres departamentos.

Hay una verdadera confluencia de problemáticas. La violación de los derechos humanos por parte de los violentos es la más visible pero no la única. La crisis económica, principalmente del sector agropecuario, el impacto del derrumbe de las “pirámides”, los efectos del crudo invierno sobre la producción cafetera, el estado catastrófico de las vías carreteables, la crisis de la gobernabilidad en el caso del Cauca, y la creciente desconfianza en el gobierno de Uribe, constituyen una situación especial para propiciar la unidad de todos los sectores sociales y económicos de la región.

La acción debe tener – en lo fundamental – un carácter político. No politiquero, ni partidista. Debe convocarse a toda la sociedad con carácter incluyente. Deben recogerse todas las aspiraciones sectoriales pero sin que se diluyan en fórmulas economistas de corto vuelo. Debe quedar en evidencia, la responsabilidad de las políticas del Estado. Desde la región hay que enviar un mandato nacional.

Además, frente al conflicto armado la acción no debe enfilarse sólo contra el Estado. En ello no puede haber ninguna vacilación. Todos los actores violentos deben estar en la mira. El problema del narcotráfico debe colocarse en su justa dimensión, no es un problema de “erradicación de cultivos”, es un problema de política nacional, regional e internacional.
Finalmente, la acción debe ser eminentemente pacífica, incluyente, amplia, con nuestras propias consignas, que neutralicen a cualquier actor armado que quiera infiltrarla. Sólo así avanzaremos en construir una Minga Social y Comunitaria que desde la región suroccidental invite a todos los colombianos a unirse en torno a un movimiento que consiga la “paz y la reconciliación sin prodigarnos a los violentos” y logre construir un “progreso social sin hipotecar nuestras riquezas al extranjero”.

Es una posibilidad real, no es un sueño; pero hay que soñar para construir nuevas realidades.