¿Quién no quiere ver?

La imposibilidad para el ejercicio de los derechos laborales y las libertades sindicales en Colombia

José Luciano Sanín Vásquez
Director General Escuela Nacional Sindical

Colombia ha sido y continúa siendo el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. Los informes de la CSI (Confederación Sindical Internacional), y múltiples conferencias de la OIT así lo han constatado: más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos. La tasa de sindicalistas asesinados en Colombia es cinco veces mayor a la del resto de países del mundo, incluidos aquellos donde regímenes dictatoriales proscriben el sindicalismo.

De acuerdo con los registros que lleva la Escuela Nacional Sindical, desde 1986 hasta hoy han sido asesinadas 2.697 personas afiliadas a organizaciones sindicales; es decir, ha sido asesinado un sindicalista cada tres días. Y de ese total, 685 eran dirigentes sindicales. ¿Qué gremio o grupo poblacional en Colombia ha perdido a 685 de sus dirigentes?

Pese al gran énfasis que el actual Gobierno hace en la seguridad, la violencia antisindical, luego de una reducción del 60% de los homicidios entre los años 2003 y 2007, en 2008 tuvo un grave incremento del 25%. Esto es: de 39 homicidios en 2007 pasamos a 49 en 2008. 16 de ellos eran dirigentes sindicales. Y en lo que va corrido de este año tenemos 3 casos de homicidios y 14 hechos de amenazas de muerte.

Este problema no es sólo de homicidios. En los últimos 23 años los sindicalistas han sufrido 9.911 hechos de violencia: un hecho de violencia cada día. Además de los asesinatos, 231 sindicalistas sufrieron atentados de muerte, 193 desapariciones forzadas, 4.200 amenazas de muerte. No sólo se ejerce violencia contra las personas sino que también se destruyen las posibilidades de existencia de las organizaciones sindicales.

Resulta un poco extraño que el columnista Libardo Botero en su publicación del pasado jueves 19 de febrero en el periódico El Tiempo, haya presentado de manera inexacta y amañada las cifras de la ENS, pues según los registros de ésta entidad, entre los años 1995 y 2002 ocurrieron 1.375 asesinatos y no 1.395; es decir, 20 más. Pero a partir de 2003 ya no presenta las cifras de la ENS sino las del Ministerio de la Protección Social,  donde las diferencias son mayores, pues en los registros de la ENS en el período 2003- 2007 se presentaron 432 asesinatos, y en los registros del Ministerio de la Protección Social 354, 78 menos.

Sobre los autores de la violencia antisindical, valdría aclararle al columnista Botero que las afirmaciones sin sustento se caen solas. Según los registros de la ENS, el gran problema de la violencia antisindical es la oscuridad sobre los responsables. Sólo en 592 casos de homicidios contamos con algún indicio de sus autores, casi siempre porque éstos mismos se los atribuyeron. Hay, entonces, 2.102 casos de los cuales no tenemos información, y como la inacción del Estado ha dejado en la impunidad el 96% de los casos, nadie en Colombia puede afirmar categóricamente quiénes han estado detrás de la muerte de los sindicalistas. De los 592 casos en los que hay indicios de la autoría, en 141 casos la presunta autoría es de grupos guerrilleros, y en 380 es de los paramilitares.

Sobre las tasas de homicidios vale hacer otra aclaración. En primer lugar, no es lícito estadísticamente hablando comparar tasas promedio de homicidio con tasas de grupos poblacionales, porque la tasa promedio calcula la probabilidad de morir asesinado de todos los colombianos sumados, involucra desde el niño que acaba de nacer hasta el soldado, policía, narcotraficante, guerrillero o paramilitar. Pero hagamos el siguiente ejercicio para derrumbar la temeraria tesis de que es más seguro en Colombia ser sindicalista que colombiano: la tasa de homicidios para dirigentes sindicales la calculamos para el 2008 en 48 por cada cien mil; sin embargo, si lo hacemos sólo para los afiliados a la  CUT, podría ser cuatro veces mayor. Ahora bien, la tasa de homicidios para los policías fue de 86. ¿No es extremadamente grave el riesgo para los dirigentes sindicales? ¿O será normal en una sociedad democrática que se tengan estos riesgos?

Es necesario reconocer la existencia y cobertura del programa de protección a los sindicalistas. Sin embargo, los casi 2.000 protegidos significan dos cosas al tiempo: una, que el Estado asumió la protección; y dos, que el Estado es conocedor de los inmensos riesgos para el desarrollo de la actividad sindical en el país, pues cada líder sindical que recibe protección debe tener una evaluación de riesgo realizado por los organismos de seguridad.

El Estado colombiano creó una unidad especial de investigación y juzgamiento de los crímenes contra el sindicalismo apenas en el año 2007, gracias a la presión de la OIT y del sindicalismo mundial. Sus resultados son mínimos aún, pues de los 2.697 sindicalistas que han sido asesinados en los últimos 23 años, la Fiscalía informa que está investigando 1.104, lo que significa que en el 60% de los casos no existen o no se informa la existencia de investigaciones penales en curso. Sólo en 90 casos de sindicalistas asesinados hay sentencias condenatorias. Es decir, cerca del 96% de los asesinatos permanecen en la impunidad. Estas pocas sentencias no permiten esclarecer la verdad de los hechos. Han sancionado a los autores materiales y no a los autores intelectuales, y la investigación se realiza caso a caso sin una estrategia integral.

Al ritmo de producción actual de sentencias, la justicia tardará alrededor de 37 años para superar la impunidad, bajo el supuesto de que no ocurran más asesinatos a partir de hoy y se mantenga la unidad especial de investigación y juzgamiento.

La afirmación del columnista Botero sobre el fortalecimiento de los derechos laborales en Colombia con normas a tono con la OIT, no puede estar más lejos de la realidad. Es evidente que Botero no conoce la OIT, ni mucho menos las múltiples y reiteradas observaciones y recomendaciones que sus órganos de control han emitido en materia de derecho de asociación, negociación, huelga, precarización de condiciones de trabajo a través de cooperativas de trabajo asociado, debilidad de la inspección del trabajo, ineficacia del diálogo social, etc. Temas que darían para otro artículo.

El no querer ver esta realidad, ni su importancia para la construcción de una sociedad democrática, no permitirá resolver la situación. El Estado colombiano debería reconocer que la violencia antisindical, la impunidad y los obstáculos para el ejercicio de los derechos laborales y sindicales, son problemas que aún no han sido superados, que las medidas adoptadas son insuficientes para quebrar la estructural e histórica exclusión a la que en este país se han sometido las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Un buen comienzo sería, dejar de estigmatizar y señalar a todos los que proponen el debate y trazan una agenda para superar los mencionados problemas; y que lo hacen no por odio o sesgo político, sino por un sentimiento noble, por querer vivir en un país donde sea posible ejercer libremente los derechos laborales y sindicales.