La hora de la Fiscalía

José Hilario López Rincón
Abogado

El artículo 249 de las ruinas de lo que alguna vez fue la Constitución Política de Colombia dice que “el Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido”.

El actual fiscal, Mario Iguarán Arana, próximo a cumplir su período, en su momento fue incluido en la dichosa terna por su antiguo jefe. Como se recordará, Iguarán fue viceministro de Justicia durante el período legal y constitucional (2002-2006) de Uribe Vélez y luego devino en Fiscal General de la Nación en el período espurio e ilegítimo (2006-2010) del mismo Uribe Vélez.

Próximo al retiro, el fiscal Iguarán deberá decidir en los próximos días y semanas, asuntos de no poca importancia para la salud institucional del país, sobre los cuales la opinión pública nacional e internacional fijan su atención. Desde otro punto de vista, deberá decidir en qué orilla se encuentra. Si pesa aún su pasado de funcionario del Ejecutivo o definitivamente hace parte del poder Judicial en esa desigual lucha a la cual lo ha llevado el desequilibrio de poderes propiciado por el uribismo.

Veamos apenas unos pocos:

La vergüenza de la “Yidispolítica”: Cinco años después de que Uribe Vélez convirtiera el delito de cohecho en una simple “persuasión”, la ex parlamentaria Yidis Medina Padilla cumple la condena que le fue impuesta por el delito de cohecho por la Corte Suprema de Justicia. Y mientras, la Fiscalía está en mora de decidir sobre el otro o los otros autores del cohecho. Esta conducta delictiva requiere de dos partes, quien recibe (en esta caso Yidis Medina Padilla) y quien ofrece. Condenada Yidis por haber recibido prebendas a cambio de su voto por la reelección hace falta la condena del funcionario o funcionarios del régimen uribista que le entregaron cargos públicos y notarías. En el banquillo de la Fiscalía, los vergonzantes: embajador ante Italia y ministro de Protección Social, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios juegan con la pasividad irritante de la Fiscalía.

Mario Uribe Escobar: Se aproxima el momento en que la Fiscalía deberá ordenar el cierre de la instrucción por haber transcurrido los 18 meses que dispone el Código de Procedimiento Penal para agotar las investigaciones por los presuntos nexos del expresidentes del Congreso y primo del presidente Uribe Vélez con el paramilitarismo. La Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en su oportunidad ordenó escuchar las versiones de algunos ex paramilitares de Urabá, Córdoba y Medellín, así como de quienes sostuvieron reuniones con Jairo Castillo Peralta, alias “Pitirri”, ex paramilitar asilado en Canadá quien en diversas ocasiones ha acusado a Uribe Escobar de sus vínculos con los paramilitares y de comprar tierras con el auspicio de estos. Luego del cierre y de los alegatos de las partes, la Fiscalía deberá decidir si llama a juicio a Mario Uribe o si precluye la investigación.

El referendo reeleccionista

El fiscal Mario Iguarán ha desmentido los rumores sobre una supuesta reasignación de la investigación contra los promotores del referendo para la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, por aparentes irregularidades en la financiación del proyecto reeleccionista.

Se ha sabido que existen suficientes méritos para citar a audiencia de imputación de cargos a los miembros del Comité Promotor del referendo encabezado por el ex senador uribista Luis Guillermo Giraldo.

La hora de la verdad

No requiere mucho análisis establecer que en los casos mencionados, el común denominador de quienes se encuentran en condición de acusados, sindicados o incriminados por la Fiscalía de Iguarán, es que todos ellos pertenecen a la clase política y específicamente a las toldas uribistas. Unos y otros están ligados con prácticas políticas corruptas y con el proyecto paramilitar que les permitió encaramarse en el poder sobre los miles de cadáveres de indefensos ciudadanos.

El fiscal Mario Iguarán tiene la oportunidad histórica de desmentir a quienes consideran que en su gestión ha jugado un papel preponderante y silencioso su origen gobiernista uribista y que esa lentitud que se percibe en investigaciones como las mencionadas no obedece a su procedencia de antiguo viceministro de Uribe Vélez. En otras palabras, que no es un Fiscal de bolsillo.

En los tres casos analizados preocupa que el tiempo transcurra sin que la Fiscalía actúe de manera efectiva, pronta y cumplida. Lo que está en juego en las decisiones que tome o deje de tomar la Fiscalía es el valor que se le da al principio universal de la justicia como bien inherente a la dignidad humana.

Si finalmente llegaren a primar los intereses de la política, es decir del uribismo reinante, por encima de los intereses de la justicia entonces estaremos frente a la gota que rebose la copa y habrá caído, por si acaso había duda alguna, el último manto que cubría la tiranía disfrazada de democracia.

Queda como reflexión la necesidad urgente de que la designación del Fiscal no quede en manos de una sola persona.