El proyecto del centroizquierda en América Latina

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

La llamada izquierda democrática gobierna una buena parte de los países de  la región de América Latina. Es Gobierno en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, en Chile con Michelle Bachelet, en Brasil con Luís Inacio Lula Da Silva, en Uruguay con Ramón Tabaré Vásquez, en Paraguay gobierna el obispo Fernando Lugo, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa y en Venezuela con Hugo Chávez. Sólo escapan en Suramérica, Colombia donde gobierna la derecha extrema con Álvaro Uribe Vélez y  Perú con Alan García. Estos triunfos son en buena medida consecuencia de un cambio de línea política iniciado desde finales de los años setenta y profundizados durante la década de los ochenta del Siglo XX. Esta línea llevó al abandono de la lucha armada como la vía para lograr los cambios estructurales que la izquierda ha considerado siempre que deben operarse en América Latina. La vía para la transformación y el cambio debe ser la profundización de la democracia. Después del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile, la izquierda revalorizó su discurso sobre la democracia estableciendo que las reglas formales de la democracia no sólo eran importantes sino que no se podían oponer a las transformaciones sustánciales que requería  el sistema político en toda la región.

Estos cambios en el discurso político de la izquierda se sucedieron en todo el continente, quizás con la excepción de los países centroamericanos, comprometidos en un proceso revolucionario en Nicaragua, Guatemala y en El Salvador.  Pero aún hoy en éstos países independientemente de la valoración que se tenga de los sujetos políticos, predomina ampliamente en la llamada  izquierda el discurso democrático y la valoración de la democracia no sólo en sus aspectos sociales sino en sus reglas del juego. Pero también se operó una transformación en la valoración de la izquierda sobre el Estado. Su mirada esencialista fue abandonada y dio paso a la consideración de que el Estado es una construcción social y que depende en sus políticas de la correlación de fuerzas existente en cada momento histórico en cada país.

Las fuerzas de izquierda decidieron entonces la organización de partidos y movimientos políticos que aceptaron las reglas del juego de la democracia liberal optando por dos vías. La vía brasilera que consiste en la organización de un fuerte partido, el Partido de los Trabajadores, o la organización de movimientos políticos tales como los organizados en Uruguay, Ecuador o Venezuela en que se postulan movimientos más que partidos para acceder al poder. Durante dos décadas la izquierda democrática acumuló fuerzas y ejerció el poder en municipios y departamentos, pero, estuvo lejos de los gobiernos nacionales. Esta tendencia fue revertida cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998 por las vías democráticas iniciando un proceso de transformación social y política no sólo en Venezuela sino con impacto sobre el conjunto de la región. Los cambios siguieron luego en otros países y por su importancia geopolítica la victoria de Lula en el año 2001 y su posesión en 2002 marca un ascenso de la izquierda llamada democrática en toda la región. Una primera consecuencia que se vive en toda la zona es una revalorización de la política estigmatizada por el consenso de Washington y por el neoliberalismo a nivel universal.

Una luz de esperanza se abrió para las reivindicaciones sociales y políticas de las mayorías del Continente. La política es vista en la región como un instrumento viable y necesario  para instalar en el centro los problemas de la pobreza, la representación y la democracia, el desarrollo económico, la soberanía nacional, en fin, los problemas que los modelos oligárquicos habían abandonado durante decenas de años en toda la región.

Parte de los debates que se realizaron en el reciente Foro Social Mundial de Belém de Pará en Brasil tuvieron como uno de los temas justamente las limitaciones y el papel de los gobiernos progresistas de centroizquierda en el Continente. En algunos de dichos debates quien esto escribe, participó activamente y presentó algunas ideas que fueron enriquecidas en tres debates que se realizaron en este Foro. Sin tratar de hacer un balance exhaustivo y para estimular la discusión quisiera plantear algunas de las tesis que allí se ventilaron y que fueron enriquecidas por los participantes de estas discusiones. La primera pregunta que se asumió en las discusiones tiene que ver con la valoración de los cambios operados en la región por estos gobiernos y sus limitaciones. Esto segundo podría definirse como la Agenda pendiente en la región.

Un primer tema que se ve como altamente positivo consiste en la revalorización de la política. Es evidente que para una parte muy importante de las sociedades de Suramérica la política es la vía para hacer los cambios y las transformaciones pendientes en toda la región. A contrapelo de la crisis de la política en esta parte del mundo, se ha abierto paso la idea que la política debe ser apropiada por los sectores sociales subordinados en la perspectiva de lograr cambios y transformaciones que requiere la política pública. Al mismo tiempo hay una revalorización de lo público que debe ser construido en el Estado en todos los niveles (municipal, estadual y nacional). Las estructuras políticas de nuestra región no son públicas más allá del nombre, puesto que han sido apropiadas por los sectores dominantes, por el capital transnacional, por los monopolios. El espacio público que materialice el interés general, el interés público, es débil y corresponde al centroizquierda la construcción de estructuras públicas estatales que realmente tengan en el centro de su actuación los intereses de las mayorías excluidas. Los sectores dominantes se apropiaron de lo público estatal y lo convirtieron en parte de sus recursos de acumulación de capital. A menudo generaron un Estado patrimonialista al servicio de sus intereses. A mayor proximidad con el aparato de Estado mayores posibilidades de materialización de sus intereses. Todo ello ha generado un aparato público que favorece las estructuras que reproducen la desigualdad y la concentración del ingreso en toda la región. Es en América Latina en donde se presentan los mayores niveles de desigualdad y los mayores niveles de concentración del ingreso de todo el mundo. Los más concentrados en la propiedad y la renta son las sociedades de Brasil, México y Colombia. Este punto programático es común a las distintas experiencias políticas con la diferencia que en algunos países los actores ligados al centroizquierda no están en el Gobierno y ejercen sus actividades desde la oposición como es el caso de Colombia en donde forma parte de este bloque el Polo Democrático Alternativo. PDA, y en Perú en donde la nueva izquierda lucha por avanzar en medio de muchas dificultades.

Este nuevo bloque político tiene como un segundo resultado ampliamente positivo la adopción de nuevas cartas constitucionales como las de Venezuela, Ecuador y Bolivia que se suman a los procesos anteriores de Brasil y Colombia. Estas cartas constitucionales han querido ser incluyentes de la diversidad y de la heterogeneidad social de nuestras formaciones culturales. La inclusión de los derechos de los indígenas, de los afrodescendientes y de los sectores LGTB, por ejemplo, ha sido parte de sus conquistas que no siempre han contado con la aceptación de sectores tradicionalistas que ven en riesgo sus intereses. El debate y la divergencia han sido más fuerte en Bolivia pero tampoco se puede desconocer que en Colombia, por ejemplo, muchos intereses regionales que se opusieron a la Constitución de 1991 llegaron incluso a la resistencia armada. Los grupos paramilitares son expresión extrema de dicha oposición. En general todas las nuevas cartas constitucionales reconocen una amplia carta de derechos sociales y políticos y optan por mecanismos de la democracia participativa.

El nuevo constitucionalismo se caracteriza por reconocer ciudadanías plurales con base en la constatación de la existencia de sociedades pluriculturales lo que ha llevado al reconocimiento de diversas formas de organización del Estado que reconoce circunscripciones electorales para los pueblos indígenas y formas de organización del Estado como las entidades territoriales  indígenas tanto en Colombia como en Bolivia y Ecuador.

Todas las cartas constitucionales reconocen el principio básico de la Soberanía Popular como la base de los regimenes democráticos. Con ello se pretende cerrar el ciclo de autoritarismo de las dictaduras militares por una parte, pero también de quienes reivindicaron en el pasado reciente la lucha armada para el acceso al poder. Quizás con la excepción de Colombia donde sobrevive una guerrilla anacrónica que sirve de pretexto a la derecha para mantenerse en el poder, en toda la región se han valorizado los mecanismos políticos, la vía democrática, para la lucha por el poder. La vía es la profundización de la democracia y de las vías electorales. No hay que oponer reforma a revolución sino por el contrario emprender el camino de construcción de actores sociales y políticos que sean la fuerza de las transformaciones y los cambios políticos y económicos.

Un siguiente aspecto muy positivo que han traído los gobiernos de centro izquierda es el tema de la soberanía nacional para la definición de las relaciones internacionales y para la definición de buena parte de las políticas Públicas. A la par que se reivindica esta soberanía nacional  se han echado a andar mecanismos de integración regional tales como el MERCOSUR, la Comunidad Suramericana de Naciones con su Consejo de Seguridad, que fue clave para resolver el conflicto Boliviano y las pretensiones norteamericanas de apoyo abierto a la  oposición en sus intentos desestabilizadores del Gobierno de Evo Morales. La rápida investigación sobre la masacre ocurrida en el Departamento de Pando en Bolivia permitió resolver a tiempo esta situación y fue clave para la organización del referendo constitucional ganado ampliamente por la coalición gobernante. Sin embargo, y como se debatió en Belém de Pará y fue reconocido por los cinco presidentes participantes en el Foro, los mecanismos de integración marchan muy lentamente y en muchas ocasiones no van más allá de la retórica. Un instrumento como el Banco del Sur, instrumento clave para disminuir la dependencia de organismos, con fuerte presencia de los Estados Unidos y Europa en sus decisiones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial debería haberse puesto en marcha años atrás con lo cual se podría hacer frente a la crisis financiera internacional en mejores condiciones que las actuales. Allí en este Foro los Presidentes de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Brasil se comprometieron a acelerar el proceso integracionista.

En toda la región y en los países gobernados por el centroizquierda se han puesto en marcha políticas de lucha contra la pobreza. Quizás lo más destacado sea el programa de renta básica o bolsa familia puesto en marcha por el Gobierno de Luís Inacio Lula Da Silva que beneficia a más de 12 millones de familias pobres de Brasil. También son importantes las políticas públicas sociales en otros países de la región. El debate se centra en el contenido de dichas políticas que no supera el asistencialismo y la sostenibilidad de dichas políticas, en esta época de crisis.

Los resultados en la lucha contra la corrupción no han sido los mejores a pesar de que el centroizquierda lo planteó como una de sus banderas electorales. Fue lamentable, por decirlo menos, el debate y escándalo por corrupción en el Partido de los Trabajadores que incluso puso en peligro la reelección de Lula y que dejó a fuera al Presidente del partido. En Venezuela este es uno de los temas con los cuales tiene que lidiar Chávez.

La agenda pendiente: ahí están los temas más duros

No obstante los aspectos positivos expuestos en las líneas anteriores se ve claramente que los elementos básicos y fundamentales de la realidad de América Latina distan mucho se haber sido agendados por los gobiernos de centroizquierda. En general no se han puesto en marcha políticas estructurales de reorganización de la tributación pública. No se han afectado a los grandes intereses nacionales y transnacionales estableciendo un régimen tributario progresivo que grave a los grandes conglomerados económicos y financieros. El resultado es el mismo en todas partes. Se mantienen los regimenes regresivos en materia de tributación y los grandes conglomerados económicos y financieros se han convertido en los principales beneficiarios de los gobiernos del centroizquierda. Es paradójico que, por ejemplo, Lula que en el Foro Social Mundial de enero de 2002 criticó a la socialdemocracia europea por haber abandonado la política reformista democrática y por haberse dedicado a administrar el neoliberalismo, no pueda presentar resultados importantes en la redistribución del ingreso y de la renta después de seis años de gobernar la principal economía de América Latina.

El problema es particularmente notorio en asuntos como la concentración de la propiedad agraria, la concentración del sector financiero, el poder de las multinacionales en la explotación de los recursos naturales. En general en materia económica los gobiernos de centroizquierda no han puesto en marcha reformas que permitan capturar para el Estado y para la inversión pública parte importante de las rentas derivadas del importante crecimiento económico que se ha dado en los últimos años en la región. Aquí el debate debería ocupar parte de la agenda pública de los movimientos sociales que en muchos aspectos han logrado sortear de manera acertada la encrucijada en que los ha puesto el centroizquierda. Los gobiernos a menudo reclaman la solidaridad de los movimientos sociales con sus políticas y la oposición quiere que dichos grupos definan una línea de oposición a los gobiernos. El Movimiento de los Sin Tierra, MST, en Brasil ha dado muestras de una inteligencia política notable. Han apoyado al Gobierno en aquellas políticas favorables a sus reivindicaciones mientras que se han opuesto o han exigido avanzar en el tema del trabajo esclavo o en la reforma agraria distanciándose del Gobierno de Lula de manera clara en estas materias.

Pero también los gobiernos de centroizquierda no se comprometen a fondo con propuestas de reforma política que institucionalicen lo público democrático en el régimen institucional interno de cada uno de sus países, aunque aquí hay notorias diferencias, pues los casos de Bolivia y Ecuador, muestran avances en sus respectivas constituciones que buscan ampliar el espacio público en el Estado; no sucede lo mismo en los otros países. Pero tampoco se muestra desde los gobiernos apoyos reales a los procesos de organización de la sociedad civil. La posición de los gobiernos es ambigua y quizás la resume muy bien lo que expresó el Vicecanciller boliviano cuando afirmó que “los movimientos sociales en la calle dificultan nuestra labor de Gobierno, pero, deben permanecer en la calle porque son nuestro sustento”.

A nuestro juicio los movimientos sociales no deberían asumir una posición acritica. Ellos deben como lo señala el MST acompañar al Gobierno cuando  este se atreve a poner en marchas políticas que reconocen las reivindicaciones populares y no deben temer criticar y oponerse cuando las medidas no reflejan estos intereses. Al mismo tiempo los gobiernos de centroizquierda deberían contribuir a generar espacios de concertación y políticas que busquen incrementar el proceso de organización social de la ciudadanía alrededor de la defensa de sus intereses. En la política interna los gobiernos deberían fortalecer y apoyar los procesos de organización popular al tiempo que se deberían proponer profundas reformas políticas que limiten la presencia de los gremios y de las multinacionales en el sistema de partidos o en el financiamiento de las campañas electorales, por ejemplo. La sociedad política debería ser reformada profundamente en la región para que sea más próxima a reflejar los intereses públicos.  Los gobiernos deberían profundizar la descentralización y la puesta en marcha de mecanismos de planificación y presupuestación participativa.

La agenda dura que el centroizquierda en los gobiernos ni siquiera discute tiene que ver con la reforma agraria, la reforma urbana, las reformas tributarias redistributivas, el fortalecimiento de los mercados internos teniendo como propósito central la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la protección de los recursos naturales y un modelo sostenible de desarrollo, al tiempo que se crean mecanismos que amplían la democracia y la soberanía popular.

Los gobiernos de centroizquierda sobre todo en la región andina tienen otro problema grave que debería ser enfrentado sin vacilaciones. Nos referimos al tema del caudillismo y la tentación a suprimir los mecanismos democráticos de alternancia en el poder. Parte de las grandes limitaciones del proceso venezolano tiene que ver con la tentación a la perpetuación del caudillo en el poder. Los proyectos de centroizquierda  no pueden dejar de ser colectivos. En la región andina en particular este tema es fundamental para hacer viable el proceso de recreación pública de la institucionalidad estatal.

Finalmente hay que advertir que los gobiernos de centroizquierda afrontan retos muy grandes en esta coyuntura de crisis. Algunos estarán tentados a lograr las reformas necesarias sin quebrantar la estabilidad, pero otros, buscarán que parte de la crisis la asuman los sectores populares con lo cual corren el riesgo de horadar su propio sustento. En este sentido las medidas de Barack Obama en la política económica norteamericana deberían ser un estimulo en la dirección acertada. Nos referimos a que la crisis debe poner en marcha políticas de gravamen e impuestos a la propiedad y a la renta y los subsidios deben dirigirse a los deudores hipotecarios y no a los bancos.