Paramilitarismo y Fuerzas Armadas

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó al fiscal general de la Nación Mario Iguarán Arana, reabrir la investigación penal contra el general en retiro Rito Alejo del Río por las nuevas evidencias y testimonios que lo comprometen en la comisión o en la asociación cómplice con los grupos paramilitares en delitos de lesa humanidad. En el año 2004 el fiscal general Luís Camilo Osorio, decidió precluir la investigación y dejar de indagar a Rito Alejo del Río por múltiples denuncias en su contra cuando ejerció como comandante de la brigada XVII con sede en Urabá, durante los años 1995- 1997, siendo entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, actual presidente de la República. En el fallo que ordena la reapertura de la investigación la Corte Suprema recuerda que los delitos de lesa humanidad no precluyen y además manifiesta que en el específico caso de Rito Alejo han aparecido cuatro nuevos testimonios que implican gravemente al entonces oficial con los grupos paramilitares que operaban en su jurisdicción militar cuando él era el máximo comandante. Estos testimonios valorados por la sala penal son las versiones entregadas a los jueces de Justicia y Paz por Salvatore Mancuso, Hebert Veloza, alias HH, Jorge Iván Laverde, alias el Iguano y Elkín Casarrubia Zapata, alias el cura. Todos estos testimonios indican que Rito Alejo no sólo favoreció las labores criminales de los paramilitares sino que se complotó con ellos para la comisión de terribles masacres que se presentaron durante los años en que fue el máximo comandante militar en la región del Urabá antioqueño.

Una carta dirigida por Diego Fernando Murillo, alias don Berna, al Fiscal que pidió su condena a 33 años y siete meses por el delito de narcotráfico en la Corte Federal de los Estados Unidos en donde es juzgado, contiene una afirmación que vuelve a colocar el tema de los militares y su relación con los paramilitares en la primera línea de debate. En efecto, en dicha carta Diego Fernando Murillo, alias Berna, señala que la operación Orión en la comuna 13 de Medellín fue realizada conjuntamente con quienes eran a la sazón comandantes de la Fuerza Pública en Medellín, el general Mario Montoya hasta hace muy poco comandante general del Ejército de Colombia, y el general Leonardo Gallego quien era el comandante de la Policía en Medellín. Berna señala que la operación Orión fue realizada conjuntamente por sus hombres, es decir, los grupos paramilitares y los comandantes del Ejército y de la Policía en Medellín.

Este tema, el de las relaciones de las Fuerzas Militares y de Policía con los grupos paramilitares no es nuevo. Precisamente parte de la crisis del país tiene que ver con los nexos de sectores importantes de la fuerza pública con el crimen. Recientemente el comandante de la Policía de Medellín Marco Antonio Pedreros, fue llamado a calificar servicios por sus superiores, pues, aparentemente hacia parte de la infiltración de Daniel Rendón, alias don Mario, en la Fiscalía de Medellín cuando era su flamante director Guillermo Valencia Cossio, hermano del actual Ministro del Interior a quien Uribe mantiene en su cargo como también mantiene en la Embajada de Colombia en México al nefasto Luís Camilo Osorio y ahora en la Embajada en República Dominicana mantiene a Mario Montoya señalado por múltiples fuentes de hacer parte del sector que en las Fuerzas Militares era cómplice y aliado de los grupos paramilitares.

Ahora y como bien lo recuerda el reciente fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema en donde ordena reabrir el proceso contra el General del Río, si no hay justicia en Colombia pronto la Corte Penal Internacional abrirá el expediente contra los autores de delitos de lesa humanidad que siguen sin ser investigados. Que sepamos no hay investigación en contra de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, señalado por diversos jefes paramilitares como parte de los seis miembros de la llamada Junta Directiva de los paramilitares. No hay investigación contra el general en retiro Mario Montoya o el general Leonardo Gallego. La Corte con este fallo justamente le recuerda al fiscal que debe abrir estas investigaciones sino quiere exponer a la justicia colombiana a la presencia de los tribunales internacionales.

La visita que los militares hicieron a Uribe en compañía del ministro de la Defensa Juan Manuel Santos en las semanas anteriores tiene este fondo. Cuando la Corte Constitucional en sus fallos le cerró el camino a la impunidad garantizada en la llamada Justicia Penal Militar, enviando los expedientes a la Fiscalía General de la Nación, generó una nueva situación en el juzgamiento de los militares por delitos de lesa humanidad. Pero también hay que entender que los avances en la legislación internacional en materia de derechos humanos materializados en pactos y tratados internacionales que obligan al Estado Colombiano como el estatuto que dio origen a la Corte Penal Internacional, exigen una investigación por delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Esta es la nueva realidad jurídica. Los militares están en la obligación de actuar bajo protocolos y procedimientos respetuosos de los derechos humanos. Delitos de lesa humanidad como los practicados en contra de más de 1300 personas en los llamados falsos positivos, no pueden quedarse solamente en las medidas administrativas como el llamado a la reserva de los oficiales. La investigación penal tiene que encontrar a los responsables. Si la justicia colombiana no lleva adelante las investigaciones penales más temprano que tarde la justicia de la Corte Penal Internacional tocará a las puertas de Colombia. Entretanto los militares deben acomodar sus actuaciones a la defensa y promoción de los derechos humanos.