Democracia chuzada

Henrik López Sterup
Profesor de Derecho de la Universidad de los Andes

En los últimos días el país ha visto un nuevo capítulo del tema de las escuchas no autorizadas o, coloquialmente, los teléfonos “chuzados”. La cosa, grave de por sí, no pasaría por una caricatura del régimen de Fujimori que, como allá en su momento no tuvo mayores consecuencias, sino fuera por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia hizo público que no sólo habían sido “chuzados”, sino que los magistrados –titulares y conjueces- y sus familias eran objeto de seguimiento, de hostigamiento y de escuchas. Creo que el régimen del Ubérrimo no llegaría al punto de Fujimori, y enfrentar una nueva condena de la Corte Interamericana. Ellos son “más” astutos.

En declaraciones del Fiscal General encargado, éste señaló que estaba convencido de que sus teléfonos estaban intervenidos y que había aprendido a cuidarse y a callar la boca. Ésta declaración, junto con tantas otras de diversos funcionarios y personajes (algunos, lacayos del régimen), han llevado a que, como siempre, la responsabilidad se diluya y se anuncie que hasta que las investigaciones judiciales no concluyan, hasta que no se acuse y condene a persona alguna, nada ocurrirá, salvo una revisión “profunda” de las funciones del DAS, el traslado de sus competencias de Policía Judicial a la Policía Nacional, etc. En otras palabras… “echémosle tierra al asunto”.

Pues bien, los reclamos de la Corte Suprema de Justicia son de obligada atención. Según reseña la revista Semana, en la edición del 28 de febrero de 2009, existe un documento “fechado el 2 de julio de 2008 y bautizado "Informe Final M/T 0142", [que] recoge otros informes de los seguimientos al magistrado [Yesid Reyes]. En él pueden leerse datos pormenorizados sobre quiénes son su esposa y sus hijos, dónde viven, qué hacen, por dónde se mueve él y con quiénes se relaciona” . Es claro que no se trata de simples temores. Es algo real. El DAS vigila a la Corte Suprema.

Esta situación obliga a cuestionarse sobre la existencia de un régimen democrático en Colombia. Podrán decir que en el país no se han suspendido las libertades básicas, que el Presidente de la República no concentra todos los poderes (tan es así, que sus ministros dicen cualquier tontería y el Presidente, en lugar de echarlos de sus cargos, “corrige lo dicho” para que la posición oficial sea “clara”), que habrá elecciones en 2010 y que los jueces siguen siendo independientes.

Pero, precisamente, todo eso es lo que está en debate. Algunos, principalmente los lacayos del régimen, consideran que todo está bien. Que el Presidente de la República no ha exigido a, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia que falle en un sentido o en otro. Que si Fulanito tiene pleito con Zutanito, el Estado no demandará a los jueces una sentencia en un sentido o en otro. Que eso ¡nunca ha ocurrido u ocurrirá bajo el actual Gobierno! Que en octubre pasado el Estado garantizó “limpias” elecciones internas de los partidos; que la revista Semana dice lo que se le da la gana y que a pesar de (la) Prisa (no hay) Planeta que impida que se dé lugar a una licitación abierta por el tercer canal, etc.

Yo, lamento decirlo, no estoy de acuerdo. Acuso que estamos en una tiranía. No es el momento de los dictadores de las “Banana Republic”  que se han recreado en tantas películas, en libros maravillosos y que se han convertido en el “ideal” del déspota de nuestras latitudes. Hoy son más sutiles (¡no sea que se den cuenta!), son más astutos: algo se aprendió de la RDA.

Al lado de estos derechos y garantías, se afirmará que ningún acto de seguimiento, escucha o intimidación a los integrantes de la rama judicial ha sido ordenado por el Estado. Si ello ocurrió, ¡fue a mis espaldas! Se trata de la conducta de “infiltrados” dentro del Estado. Y, lo que importa, es que el Presidente de la República no es responsable por las fechorías que hacen sus subalternos o las omisiones en que incurran.

Y esa es la táctica de esta nueva forma de tiranía. Presentarse víctima de las circunstancias; la cuales, además, obligan (y justifican) al señalamiento de los enemigos internos… (De ahí el desprecio por el vecindario, cercano y lejano… pues el enemigo es interno), que nadie conoce salvo el tirano. Algo se aprendió del norte, empeñado en construir enemigos, para ocultar sus propias formas viles. Se ha logrado mostrar al Régimen víctima de paracos y macacos, de águilas y chulos, de guerrilleros infiltrados y “encavernados”; de magistrados enfrentados y sobornados…. En fin, el régimen víctima que debe ser objeto de protección…

Lo que no comprende el régimen es que el que el Presidente eventualmente (o, no tan eventualmente) actúe de manera irresponsable, no quiere decir que no sea responsable. Es responsable por ser quien es. Es responsable por lo que ocurra en el Ejecutivo: es suprema autoridad administrativa, es Jefe de Gobierno y de Estado. En suma, es responsable por controlar al DAS. No es víctima, es inepto (sobre todo, cuando lleva 6 años en el poder). Claro, se parte de un supuesto… el de la ineptitud. O, ¿será que se busca no controlar?

Ahora bien. Un régimen demócrata se asienta sobre el principio de independencia judicial. Independencia que depende, entre muchas cosas, de la realidad –no la buena intención- de que los magistrados y jueces o temerán si fallan conforme a derecho. De que no se considere a los magistrados y jueces enemigos internos…

¿Por qué seguir, escuchar o intimidar  a los magistrados de la Corte Suprema? ¿Qué ganaría el DAS con ello? ¿Qué gana el régimen? La respuesta es sencilla: sometimiento. Anulación.

¡Mentira! ¡Este Gobierno nunca ha realizado o pretendido tal cosa! ¡Este Gobierno espera y exige que los jueces y magistrados de Colombia fallen conforme a derecho!

Eso es cierto… se quiere jueces y magistrados independientes para juzgar conforma a derecho {…el Ubérrimo…}