La Cumbre social y política

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

La crisis económica que ya se expresa en una disminución del crecimiento económico, de las actividades industriales y de comercio y que afecta directamente las tasas de desempleo en el país que se encuentran hoy por encima del 12.5% con una informalidad superior al 57% agravarán la situación de pobreza en que, según las retocadas cifras del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, se encuentra cerca del 50% del total de la población colombiana. La política económica del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se ha dedicado a brindar todas las garantías para los grandes capitalistas a quienes ha otorgado subsidios, exenciones de impuestos, congelamiento de los impuestos para los próximos 20 años y toda clase de ventajas económicas. A esto el Gobierno lo llama garantías para la inversión. En realidad son políticas que buscan que los grandes empresarios, los sectores financieros, los grandes terratenientes exentos de pagar impuestos por cinco años con la condición que desarrollen proyectos ligados a los llamados cultivos de rendimiento tardío (caucho, palma aceitera, etc.), tengan todas las ventajas para sus actividades.

Por el contrario abundan las medidas que castigan las actividades laborales. La ley de flexibilización laboral que eliminó los pagos de horas nocturnas,  el pago triple de los dominicales, despojó a millones de trabajadores de la vigilancia, el comercio, los restaurantes y en general a quienes prestan servicios, todo ello redundó en que los ingresos de los trabajadores hayan disminuido sin generar el empleo que supuestamente fue el motivo para recortar estos derechos de la población trabajadora. Entre el año 2002 y el año 2007 las rentas de trabajo disminuyeron su participación del 61.9% al 55.6%. Las condiciones laborales se han precarizado. El senador Álvaro Uribe Vélez, a comienzos de los años noventa del siglo XX, fue el ponente de la ley llamada de flexibilización laboral,  ley 50 de 1990, que acabó con una gran cantidad de derechos de la población trabajadora y con ella se limitó la contratación a término indefinido, se acabó con la retroactividad de las cesantías y se promulgaron toda una serie de garantías laborales. Surgieron las cooperativas de trabajo asociado para birlar las normas de seguridad social, prestaciones sociales, etc.

En frente a la mayor tragedia humanitaria que registra Colombia en dónde más de 4 millones de colombianos han sido desplazados de manera violenta de sus tierras y de sus lugares de residencia, dónde no hay una política pública adecuada para enfrentar ésta crisis humanitaria. Un reciente estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado, muestra que en los últimos once años los campesinos han sido despojados de 5.5 millones de hectáreas de las cuales 1.2 millones eran tierras dedicadas a la producción agropecuaria. Antes del desplazamiento el 49% del total de esos 4 millones de personas percibían ingresos cercanos a los 900.000 pesos mensuales, el restante 51% eran campesinos que se encontraba por debajo de la línea de pobreza, es decir, campesinos que vivían precariamente como vive el 83% del total de nuestros campesinos que viven en la pobreza. Hoy el 97% del total de los más de cuatro millones de desplazados vive en la miseria según informe de la investigación ya mencionada. La Corte Constitucional, ante el fracaso del Gobierno de Uribe y de sus políticas para enfrentar la situación de la población desplazada, promulgó una sentencia, la T025 de 2004 que ordenaba al Gobierno acciones urgentes y una adecuada política de reparación para esos cientos de miles de familias a las que el Estado no les garantizó el derecho de vivir en los sitios en que estaban realizando su vida ni les garantizó el derecho de propiedad. Por el contrario Uribe ha tratado de profundizar en los mecanismos que les permitan a los usurpadores quedarse con las tierras de los humildes y honestos campesinos desarraigados y expulsados violentamente de sus sitios de habitación. Con razón esta semana el recientemente nombrado por la Corte Constitucional como magistrado ponente para atender el proceso de la Sentencia T025, Luís Ernesto Vargas, ha señalado que es una vergüenza para el país que a cinco años de dictada la sentencia el Gobierno del presidente Uribe no haya cumplido con el mínimo de lo ordenado por la Corte Constitucional.

Esta semana con la detención del senador de Convergencia Ciudadana Juan Carlos Martínez Sinisterra, se elevó a 81 parlamentarios en ejercicio, los formalmente vinculados con la investigación de la parapolítica o sea de todos aquellos parlamentarios con serios indicios de haber realizado acuerdos y alianzas con los criminales paramilitares. De estos 81 parlamentarios han sido reemplazados definitivamente 51 y otros 16 han sido reemplazados temporalmente. Los 81 investigados siguen ejerciendo y aprobando leyes y absolviendo a funcionarios corruptos o nombrando magistrados de las altas Cortes de Justicia o Procurador General de la Nación, la minoría es decir, 15 siguen ejerciendo directamente y los otros 67 son sus reemplazos, todos ellos, siguen contando con cuotas burocráticas en el Gobierno Nacional y en la mayor parte de los gobiernos departamentales y municipales.  Todos ellos han sido usufructuarios de los crímenes cometidos en las más de 2500 masacres que se han perpetrado en Colombia desde mediados de la década de los años 90 del siglo XX y una muy buena parte del financiamiento de sus campañas se hizo con dineros provenientes del narcotráfico, del robo de gasolina de los oleoductos, de secuestros extorsivos, de vacunas, es decir, de actividades criminales.

Hasta la campaña del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez recibió 300 millones de Enilce López Romero, alias “La Gata”, debidamente registrados en los ingresos de su campaña en 2002 y ahora Diego Fernando Murillo, alias don Berna, ha dicho que financió con importantes sumas de dinero y apoyó políticamente la campaña del presidente en ejercicio que busca la segunda reelección pese a todos los delitos cometidos a su alrededor y que buscan atornillarlo en el poder. En efecto, está probado por la Corte Suprema de Justicia que Yidis Medina vendió su voto para aprobar el acto legislativo que permitió la primera reelección de Uribe. Teodolindo Avendaño, todo apunta hacía allí también, podría ser condenado por haberse ausentado de la votación para lograr con sus ausencia el mínimo de votos requerido en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la aprobación del Acto Legislativo. En el nuevo intento las irregularidades rodean todo el proceso del proyecto de ley que busca la convocatoria de un referendo que permita que Uribe se presente a su segunda reelección. Está probado que se saltaron los topes fijados en aproximadamente 350 millones de pesos para la recolección de las firmas. El Comité promotor coordinado por Luís Guillermo Giraldo, parlamentario acusado hace años del “robo” del  departamento de Caldas, presentó unas cuentas que aún no ha podido explicar por más de 2.000 millones de pesos, pero, además también está probado que recibieron recursos de Transval, transportadora de valores de DMG, es decir de David Murcia Guzmán, quien está siendo investigado por el lío de las pirámides. Este mismo señor ha dicho que financió con cerca de 5.000 millones de pesos la causa del referendo en el proceso de recolección de las firmas.

Pero aún el asunto va más allá. En la Comisión Primera de la Cámara negaron el texto que buscaba “enderezar” la mal redactada pregunta para que Uribe se pueda presentar a la reelección en 2010 y ahora en la Comisión Primera del Senado la aprobaron. El jurista Uribe Vélez, ha salido a decir que el Congreso es competente para cambiar o para “modular” el texto de lo que los ciudadanos firmaron, lo cual es simplemente un absurdo. Veamos porque. El referendo del agua que busca que ésta sea declarada como un bien público y que el Estado garantice un básico para todas las familias, fue cambiado y ahora según los promotores, el Congreso de la República, al cambiar el texto, quiere mantener el peligro de la privatización de este servicio público que justamente es lo que los promotores del referendo quieren evitar. El absurdo es que los promotores del referendo con el nuevo texto seguramente tengan que llamar a la abstención para que no sea aprobado, pues, de serlo aprobaría lo contrario de lo que buscaban los 2.2 millones de colombianos que  firmamos. Lo que no repara el jurista Uribe es que cuando se trata de un referendo de iniciativa popular los congresistas sólo tienen dos opciones o lo convocan como viene presentado o no lo aprueban y por tanto no se podría realizar. El absurdo es que ahora los promotores del referendo que si cumplió con todas las normas del ineficiente y politiquero Consejo Nacional Electoral, tengan que salir a hacer abstención mientras que el proceso del referendo reeleccionista rodeado de todas las irregularidades posibles sea aprobado con un texto distinto, financiado de manera oscura y por aquellos contratistas del Estado como los canales RCN y CARACOL para vergüenza del periodismo y de los medios de comunicación en Colombia. Contra todo esto es contra lo que hay que indignarse. Y sobre ello es sobre lo que hay que deliberar, debatir, buscar alternativas en medio de la defensa de la diversidad y de la pluralidad.

Ahora bien, esa capacidad de indignación frente a lo que está pasando en el país, es lo que se echa de menos. Está probado que los magistrados que investigan a los 81 parlamentarios dentro de los cuáles 13 son del Partido Liberal y los demás de todos los partidos de la coalición uribista, han sido perseguidos, sus familias amenazadas, sus comunicaciones interceptadas, acusados de ser amigos de los terroristas por el propio presidente Uribe. Y frente a todo ello con algunas excepciones en el Congreso de la República que ha hecho debates de control político y denuncias, las mayorías del Congreso, el silencio de los medios de comunicación, y la falta de movilización social son la constante. Hay un resquebrajamiento moral y ético en la sociedad colombiana.

Entretanto en la vida política del país el único tema que interesa a los partidos de la coalición es el tema de la reelección presidencial, el reparto burocrático del Estado, las exenciones para los grandes capitales y las medidas que recortan derechos de las mayorías empobrecidas del país. Por su parte la oposición se deleita y se resquebraja en debates internos y procedimentales. Las reglas del juego para escoger su candidato, la necesidad o no de conformar una coalición de la oposición y poco o nada de construir una alternativa democrática para salvar  y restituir la carta constitucional hecha jirones  por las mayorías uribistas que han desmontado el sistema de pesos y contrapesos que contenía la Constitución del 91. La coalición se ha tomado el Consejo Superior de la Judicatura, ha participado en la elección de 7 magistrados de los 9 que conforman el Tribunal Constitucional, ha nombrado un Procurador que absuelve a los altos funcionarios implicados en la Yidispolítica, ha reelegido a un Defensor del pueblo, ha tomado la Junta Directiva del Banco de la República, ha elegido a un Contralor que viene de las entrañas del clientelismo, en fin, ha desmontando el sistema de pesos y contrapesos esencia de la Carta Constitucional.

La pobreza, la desigualdad, la inequidad, los poderes ilegales en las instituciones, los efectos de la crisis, la crisis del modelo económico, la crisis de la política, la falta de castigo para los políticos aliados con los criminales, la reforma agraria en muchas regiones del país para crear un campesinado medio que sea el contrapeso del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito, el retorno de recursos arrebatados a municipios y departamentos para gastos en educación, salud, agua potable (cerca de 80 billones de pesos entre 2008 y 2016), políticas de restitución de las tierras arrebatadas por los actores armados ilegales a los desplazados, el trabajo decente y bien remunerado, el restablecimiento de la división de poderes y el restablecimiento de un sistema de pesos y contrapesos, todo ello, es el motivo para que cientos de organizaciones sociales, plataformas, sindicatos, cooperativas, ONGs, iglesias, centros académicos, organizaciones indígenas, la Minga Indígena, organizaciones afrocolombianas, organizaciones de mujeres, las 10 organizaciones campesinas agrupadas en la Mesa de Unidad Agraria, etc. hayamos decidido convocar una Cumbre Social y Política para la primera quincena del mes de agosto. Esta Cumbre busca convertirse en el espacio para debatir hoy, cuál es el programa mínimo que habrá de poner en marcha un Gobierno de transición democrática. El proceso tiene que comprometer al conjunto de la sociedad civil, a la sociedad política honesta, a los ciudadanos interesados en encontrar un nuevo rumbo para el país.

La Cumbre Social y Política quiere convertirse en un lugar para debatir la agenda del país, sus problemas, pero además, quiere construir alternativas viables en el corto y mediano plazo para enfrentarlos. Quiere conformar una gran confluencia de ciudadanos y ciudadanas, de actores sociales y políticos que estén dispuestos a asumir un compromiso para transformar a Colombia. Esta transformación requiere un conjunto de reformas en el terreno económico y social que enfrente el problema de la exclusión y de la pobreza en que vive más de la mitad de la población Colombiana. Pero al mismo tiempo la Cumbre debe debatir los contenidos de una verdadera reforma política que castigue a los aliados de los criminales y a los partidos políticos que fueron puestos a su servicio. Debe construir también alternativas frente al narcotráfico que es indudablemente el combustible de la guerra en Colombia, al tiempo que debe construir una salida negociada del conflicto armado realista y sin ceder ante la condena de la lucha armada obsoleta para buscar los cambios y las transformaciones que Colombia requiere. Para que la Cumbre sea nacional debe realizar su deliberación en todo el país y por ello habrá 32 cumbres departamentales, pero, debe ser nacional también porque se delibere y se proponga desde la regiones. Habrá mesas departamentales, pero también se realizarán cumbres sectoriales. Para que sea democrática se debe preservar la pluralidad en donde las mayorías no hagan invisibles a las minorías y en donde haya un lugar para todos los que quieren un cambio democrático para nuestro país. A todos y todas las que quieran participar se pueden comunicar con nosotros y proponernos que pueden hacer en sus sitios de trabajo, en sus lugares de residencia, en sus centros escolares, es decir, debemos ponernos en movimiento con firmeza, pero sin sectarismos.

Bogotá Abril 24 de 2009.