La crisis económica se profundiza y el Congreso en la reelección

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Pocas dudas caben una vez conocidas las cifras de la caída de la actividad productiva, del comercio y del aumento de los índices de desempleo sobre la recesión económica en que se encuentra el país. La Junta Directiva del Banco de la República no descarta que el crecimiento económico sea nulo, es decir, cero, pero en ésta época del año muchos economistas vaticinan que el crecimiento económico será negativo. La mayor parte de los economistas, aún aquellos que son parte de los responsables por haber impulsado medidas neoliberales desde el Gobierno de turno, señalan que el plan de choque anunciado por el Gobierno adolece de fallas estructurales, pues, lo que ha hecho simplemente es presentar como política de choque proyectos y propuestas de construcción de infraestructura que en los pasados siete años no realizaron. Al mismo tiempo todos los analistas y el propio gubernamental Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, ha señalado que las tasas de desempleo han superado ya el 12.5% del total de la población económicamente activa que llega a unos 3 millones de personas a los cuales hay que agregar unas 500 mil personas que están desalentadas, es decir, que no buscan trabajo porque simplemente ya están cansadas de tocar puertas y no obtienen respuestas a sus solicitudes de empleo.

Las medidas anunciadas por el Gobierno no contienen elementos realmente nuevos. Simplemente nos anuncian que se realizarán inversiones en infraestructura por 55 billones de pesos sin que esta propuesta sea realista, pues, se trata de un conjunto de proyectos que están contemplados desde hace muchos años sin que se hayan puesto en marcha. Casi hay unanimidad en la incapacidad del actual equipo de Gobierno que en las épocas de las vacas gordas no realizaron las convocatorias ni los procesos licitatorios para ponerlas en marcha. Los signos vitales de la economía están profundamente afectados. Las exportaciones a los Estados Unidos han caído en más de un 30% y lo propio ocurre con las exportaciones a los vecinos más cercanos. Todos los indicadores pese a los llamados al optimismo o a las predicciones de los áulicos del régimen indican que el desempleo, la informalidad y la pobreza se incrementaran en los próximos meses.

Entre tanto la vida política y la agenda legislativa está pendiente de los problemas legales y de las dificultades que afronta el proyecto de ley que busca una convocatoria a un referendo para habilitar a Uribe para que presente su candidatura por tercera vez. No importa si las firmas fueron recogidas con dineros provenientes de contratistas del Estado o de la firma DMG investigada por lavado de activos o por estafa de cientos de miles de colombianos. Tampoco importa si se violaron los topes fijados por el mediocre Consejo Nacional Electoral, mucho menos si como se demuestra los votos a favor de Uribe por parte de los parapolíticos suman más de 2.5 millones. Como lo señala Rodolfo Arango de los setenta parlamentarios aún vinculados al escándalo parapolítico, 60 pertenecen a la coalición del Gobierno (85.7%) o sea que el total de votos comprometidos con la parapolítica actualmente judicializados asciende a 2.324.751 votos. Esos votos y sus representantes en el Congreso son la locomotora de la reelección presidencial. Tampoco importa si la policía política interceptó las comunicaciones de los Magistrados de la Corte Suprema ni siquiera si constituye delito que en la propia casa de Nari se hayan reunido altos funcionarios del Gobierno con delincuentes narcotraficantes. Tampoco importa que se hayan urdido complots contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se hayan proferido amenazas en su contra, pues, este alto tribunal en cumplimiento de su deber constitucional ha investigado y comprometido judicialmente a 81 parlamentarios en ejercicio lo que representa el 30.3% de todo el Congreso de la República.

Mientras todo esto sucede la oposición no atina. En algún despertar se pellizcó sobre lo que significa para el país que el Registrador Nacional del Estado civil sea nombrado por el Congreso de la República, por este Congreso, en donde el 30% de sus integrantes han obtenido sus curules con la ayuda de los criminales y con los dineros provenientes del narcotráfico. Ahora quisieran que el Registrador como lo hemos denunciado en el debate del proyecto de reforma política sea elegido por este impúdico Congreso. Este Congreso que ha legislado en contra de los trabajadores, de sus conquistas laborales, pero, al mismo tiempo se ha ocupado diligentemente de elegir los candidatos del presidente Uribe para la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, continuando con la estrategia de Uribe de copar las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del proyecto clientelista y a favor de los grandes conglomerados económicos y financieros internacionales y del país. Es a lo que Uribe llama la “confianza inversionista”. Mientras le niega una política justa a los trabajadores, acaba de hundir el proyecto que buscaba retornar al pago de horas extras, al pago de horas nocturnas, arrebatadas con el espejismo de que había que rebajar los salarios para aumentar los puestos de trabajo cuando las investigaciones realizadas muestran que no se creo empleo y si se empeoró las condiciones de cientos de miles de trabajadores del comercio, los restaurantes, la vigilancia, etc.

Al mismo tiempo son destituidos 22 funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, acusados de realizar interceptaciones y seguimientos ilegales a los Magistrados de la Corte Suprema que investigan a los aliados del Presidente de la República en las elecciones y en el Congreso. Antes fueron destituidos 12 generales de la Policía Nacional también por interceptaciones ilegales a líderes de la oposición. La pregunta es, ¿quién ordena las interceptaciones y para qué? Tenemos pocas dudas que desde la Casa de Nari vienen esas ordenes y hasta ahora todos los que han pagado por ellas no han hablado porque las investigaciones judiciales no avanzan. Como lo dijo recientemente el senador Gustavo Petro, las interceptaciones sólo favorecen a quien quiere ahora un tercer período presidencial utilizando todas las artimañas de que es capaz. Habría ahora que recordar a Jorge Eliécer Gaitán que lanzó aquella consigna de batalla, por la restauración moral de la República.

Y una verdadera restauración moral de la República tendría que venir en primer término con la derrota política de los mafiosos y sus aliados que hoy ocupan altos cargos en el Estado. Con la derrota  de los aliados de los criminales que controlan el 30% del Congreso de la República y que jamás se ocuparan de los derechos de las víctimas. Justamente el proyecto que busca reconocer sus derechos naufraga en el Congreso de la República, el referendo del agua tendrá que ser retirado por sus promotores si no quieren que lo que se someta a los electores sea todo lo contrario de lo que ellos propusieron. En esta sociedad hay una inversión de valores y la mafia ha penetrado profundamente la mentalidad de los colombianos. Hay que generar un movimiento de restauración moral de la República. Hay que reaccionar para evitar que la captura mafiosa del Estado se consume.

Bogotá, abril 30 de 2009.