Das Reich (Segunda Parte)

José Hilario López Rincón
Abogado de la Corporación Utopía

En el ultrajante asunto de los seguimientos, interceptaciones, hostigamientos y amenazas adelantadas por funcionarios del DAS en contra de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, ONGs y opositores, los primeros resultados de la investigación parcial entregados por la Fiscalía General de la Nación muestran que, en palabras del propio fiscal Mario Iguarán Arana, “causa preocupación, causa pavor, en atención al hedor que él expide".

Sin que conozcamos toda la verdad, y no la vamos a conocer porque quienes orquestaron la vulgar maniobra igualmente ordenaron destruir y ocultar las pruebas, podemos afirmar que estamos ante otra muestra clara y evidente de que al régimen de Uribe Vélez no le basta con apestar a paramilitarismo sino que también quiere pasar a la historia como el jefe de un Estado policíaco, violador de los más elementales principios, de la decencia y del respeto por los derechos humanos. Y a fe que lo ha logrado.

A pesar de los obstáculos y amenazas, el CTI de la Fiscalía ha logrado establecer, hasta ahora, que inicialmente funcionarios del mismo régimen y militares activos fueron objeto de seguimiento, además de opositores. Tal es el caso del vicepresidente Francisco Santos, del entonces director de la Dijin y hoy director de la Policía Nacional general Oscar Naranjo y el ex viceministro de Defensa y luego director del DAS, Andrés Peñate. También fueron husmeados en su intimidad el ex presidente Cesar Gaviria, el exministro de Defensa y precandidato liberal Rafael Pardo, los generales en retiro José Joaquín Matallana y Manuel José Bonnet, el ex fiscal y precandidato liberal Alfonso Gómez Méndez, los periodistas Hollman Morris y Daniel Coronell, el ex magistrado y dirigente del Polo Carlos Gaviria, los senadores Gustavo Petro y Wilson Borja y hasta monseñor Nel Beltrán, entre otros. Tampoco escaparon las organizaciones defensoras de derechos humanos Redepaz, Cinep, Codhes, Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Mucho menos los medios de comunicación.

Con particular saña, la policía política uribista se encarnizó con el senador Gustavo Petro, con el presidente del “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, Alirio Uribe y con el periodista Hollman Morris.

Y como si la lista anterior fuera poca, tuvieron el tiempo y los dineros del presupuesto público suficientes para organizar un auténtico cerco contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de quienes averiguaron de manera ilegal desde sus planes celulares, transacciones bancarias, quiénes son y dónde viven sus familiares, qué hablaban y con quiénes, sitios frecuentados, propiedades, operaciones notariales, hasta filiación política, viajes realizados, etc.

Las torpes e ilegales maniobras de acecho se iniciaron en 2004, o al menos de esa época aparecen los primeros reportes o informes, de donde podemos colegir con plena certeza que tales prácticas no fueron casuales, que no fueron casos aislados sino que se adelantaron de manera sistemática, ordenada y sobre todo en forma ilegal y clandestina.

El denominador común en esa lista variopinta no es la condición de contradictores del régimen pinochetista-fujimorista. No, el hilo que los une es el miedo a la traición, la desconfianza que siente el caporal del “Ubérrimo” hasta de su propia sombra y de ahí su obsesiva paranoia por la “seguridad” como acaba de decirlo en España.

No se requiere mayor esfuerzo mental para entender el por qué en el año 2004, Jorge Noguera Cotes, amigo entrañable de Uribe Vélez, acusado de vínculos con los paramilitares fue designado como director del DAS. Y cómo fue que éste organizó los tenebrosos grupos de seguimiento contra aquellos considerados desde la casa de Nariño como enemigos del Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia en su momento denunció los seguimientos y hostigamientos de que eran víctimas sus magistrados, pero muchos no le creyeron. La entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado no tuvo reparo en descalificar las denuncias, mentirle a la Procuraduría y a la misma Corte que le planteó sus preocupaciones. Hoy debe reconocerse que los hechos eran mucho más graves de lo que se creía, que la dirección del organismo policial sí estaba comprometida en los seguimientos y que la información ilegal recogida provino de otras entidades públicas como el Ministerio de Hacienda a instancias del DAS.

La información obtenida durante estos seis años fue seleccionada, organizada, clasificada y debidamente analizada por los jefes de inteligencia y de contrainteligencia del DAS así como por sus diferentes Directores. Sin embargo, ese no era el destino final de la información recogida. Ya existen evidencias de reuniones de tales funcionarios con el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y con el “asesor presidencial” José Obdulio Gaviria en 2007 y 2008, en las cuales algunos de los temas fueron el supuesto complot de los magistrados contra el Presidente, denunciado y fabricado por alias “Tasmania”; el caso “Job” y las filtraciones de los seguimientos al senador Gustavo Petro.

Al fiscal Mario Iguarán le restan tres meses para completar su período y por ello debe hacer un esfuerzo grande para llegar al fondo de esta investigación. Es indispensable que se conozca ¿quiénes ordenaron las interceptaciones y seguimientos, quiénes recibieron la información?

De la Procuraduría no debemos esperar mayores resultados. Por su parte el director del DAS, Felipe Muñoz, desvinculó a 11 funcionarios como reacción mediática al anuncio público que hiciera el Fiscal del informe del CTI. Su intención es aparentar ante la opinión pública que allí no ha pasado nada grave y que está depurando la entidad.

La magnitud y complejidad de la información ilegal obtenida, especialmente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, indica que se trataba de una operación calculada y diseñada con unos objetivos precisos. Todo estaba dirigido a obtener la mayor información posible de los magistrados con el fin de utilizarla, en su oportunidad, contra los mismos. Esperaban encontrar quién sabe qué escabroso secreto, pero no lo hallaron.  No se entiende de otra forma el montaje que le hicieron al magistrado Iván Velásquez con la colaboración del ex paramilitar alias “Tasmania”, del cual luego se retractó, o la reiterada retahíla del ex asesor José Obdulio Gaviria sobre los supuestos nexos de algunos magistrados con el mafioso Giorgio Sale.

Entonces, ¿a quién si no a la Casa de Nariño le interesa la información obtenida? ¿A quién si no a la Casa de Nariño le interesa desprestigiar a los investigadores de los parapolíticos? ¿Quién si no la casa de Nariño tiene el poder desbordado para disponer a quién se escucha, a quién se sigue, a quién se veja?

Si bien las averiguaciones no han concluido, bien valdría la pena que los organismos internacionales intervinieran ya. Estamos ante un atropello grosero y descarado en contra de la rama judicial, “el más vulgar de los irrespetos a la majestad de la Justicia” como lo expresó el fiscal Mario Iguarán.

Como lo he manifestado en otras ocasiones, no hay por qué alarmarse. Abusos de esta índole son la expresión consecuente de un Gobierno que llegó al poder de la mano de los paramilitares y de su mano pretende quedarse indefinidamente. Claro, si la sociedad colombiana lo permite.