La libertad del militar Moncayo exige sobreponer el propósito humanitario y rechazar la intransigencia gubernamental y las prácticas violatorias de la insurgencia

Álvaro Villarraga Sarmiento
Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Asistimos a un nuevo pulso político entre el Gobierno y los sectores que abogamos por el logro de un nuevo acuerdo humanitario que tendrá que sortearse de tal forma que sea posible conseguir en lo inmediato la liberación de otro militar en poder de las FARC y, en el mejor de los casos, proyectar nuevos entendimientos y acciones humanitarias que conlleven a la liberación de todos los retenidos, a la supresión definitiva por parte de la guerrilla de éste tipo de grave violación a las normas humanitarias y a entendimientos que puedan ambientar el tratamiento político de la solución del conflicto armado. Entonces, el tratar de una forma acertada la situación pero también de mantener una decidida presión social, política y diplomática ante las partes, será posible conseguir éste tipo de soluciones.

En efecto, ante el ofrecimiento de las FARC de liberar al militar Moncayo pero de forma que lo entrega a una comisión humanitaria de la cual hagan parte Colombianos y Colombianas por la Paz, pero en  particular la senadora Piedad Córdoba y su padre el profesor Moncayo, el presidente Uribe en una de sus habituales respuestas impregnadas de alto sectarismo y sentido descalificatorio afirmó que: “No permitirá sino la presencia del CICR y, de ser necesario, de voceros de la Iglesia Católica”, de forma que se evite lo que llamó: “un festín político electoral y la impunidad con los actores de la FARC-política”, en evidente alusión a los facilitadores propuestos.

Es de resaltar la acertada actitud asumida por Colombianos y Colombianas por la Paz en la medida en que han evitado la confrontación con el presidente Uribe e incluso le han solicitado una reunión con el alto Gobierno, situación que de resolverse al igual que en recientes experiencias resulta muy conveniente porque puede obrar en beneficio de conllevar a un cambio en la actitud del mandatario, para entrar en el terreno propositivo y de la búsqueda de soluciones concertadas para hacer que prime el cumplimiento del propósito humanitario que está de por medio. También resulta evidente que no puede haber contradicción entre la suma de concursos en torno a la misión necesaria de emprender.
De hecho, sobra advertir sobre la presencia necesaria del CICR que en su actuación de intermediaria humanitaria internacional para todo tipo de conflictos armados ha prestado positivamente sus oficios en numerosas misiones precedentes. Prácticamente hay que dar por sentada su participación en los dispositivos de éste tipo de operaciones que resuelven la implementación de los acuerdos humanitarios. Pero a la vez, si el Gobierno estima valiosa la presencia de la Iglesia Católica que cuenta con tradición y experiencia en acompañamientos de carácter moral y en beneficio de acciones humanitarias, en el contexto del conflicto armado, los acuerdos humanitarios y los procesos de paz en Colombia, no habría ninguna razón para que ello fuera objetado por las FARC o por cualquier otro sector.

Pero en igual sentido, es del caso señalar ante el Gobierno nacional que ante el supremo compromiso de conseguir una solución humanitaria específica, a partir de un ofrecimiento concreto de resolver una situación violatoria al derecho humanitario, no resulta acertado vetar la presencia de actores que han demostrado la posibilidad de contribuir de manera adecuada y que son de buen recibo de la contraparte y de amplios sectores de la opinión interna e internacional. Resulta entonces equivocado también no facilitar una nueva solución humanitaria conseguida a partir de una muy amplia exigencia pública y un permanente y denodado esfuerzo realizado por los familiares, las organizaciones de las víctimas y diversos sectores, so pretexto de sospechas o de calificativos que en realidad resultan infundados.

Así mismo, en el esfuerzo por propiciar la resolución positiva de éste nuevo impase hay que advertir que si bien en todo acuerdo especial entre las partes de un conflicto armado resulta necesarias modulaciones, movimientos y, si se quiere, concesiones de orden político y militar en aras del propósito humanitario prevalente en tal situación, por supuesto esto tiene unos límites y no puede conllevar a una utilización de tipo instrumental o utilitarista, que siendo así debería ser legítimamente objetada. En consecuencia, de manera general resulta reprobable que alguien quisiera sacar partido para una campaña proselitista o electoral en curso o que alguien pretenda servir a intereses estratégicos o tácticos de las partes en contienda, abusando o traicionando la confianza y los mecanismos que requieren las acciones humanitarias.

En consecuencia, corresponde sortear la situación de forma que mediante positivos esfuerzos políticos, la consecuente presión social de las víctimas y de amplios sectores de opinión y de nuevo el necesario acompañamiento de la comunidad internacional, como bien lo puede brindar nuevamente de manera constructiva y prudente el Gobierno de Brasil, para que con el concurso del CICR y de varios facilitadores internos como los propuestos por las parte, se conjuguen los factores que propicien las soluciones esperadas. Y, por supuesto, el resultado a conseguir no puede ser complaciente con la dilación de soluciones más colectivas ni integrales así como con el reiterado rechazo a la insurgencia para que cese de manera inmediata e incondicional éste tipo de infracciones graves al derecho humanitario y rompa con toda actitud comprometida en convertir a los rehenes en pieza de cambio en aras del aprovechamiento político o de la extorsión económica, como lamentablemente lo sigue haciendo de manera sistemática.

Bogotá, D. C., abril 30 de 2009.