Carta al padre Javier Giraldo

Madison, Wisconsin, Junio 10 de 2009

Padre
Javier Giraldo
Bogotá, D. C.

Apreciado Padre Giraldo

Ante todo, le agradezco que se haya tomado la molestia de responder a mi columna y, además, que lo haya hecho con la elegancia y franqueza que lo caracterizan. Lo menos que puedo hacer ahora es responder a los comentarios críticos que usted me ha hecho.

Empiezo por resumir los argumentos que usted desarrolla en su carta. Creo que ellos pueden recogerse en los siguientes puntos:

1. En mi columna, dice usted, asumo una visión del derecho positivista que sacraliza la ley y que pone el fundamento de las normas en las formas jurídicas y no en su contenido. Quienes nos hemos formado en otras cosmovisiones, agrega usted, donde la ética está por encima de la ley formal, le damos más importancia al contenido que a las formas y por eso interpretamos el principio de la objeción de conciencia como un derecho fundamental.

2. El aparato judicial en Colombia no funciona bien –por incapacidad, por mala fe o por ambas cosas– y eso hace que no cumpla con los cometidos constitucionales que se le encomendaron, ni con los tratados internacionales, ni tampoco con la ley. En estas circunstancias, es inaceptable que los ciudadanos colaboren con la justicia. “Me parece difícil creer –dice usted- que yo esté invitando a colaborar con un aparato judicial que maneja la prueba testimonial (…) como una mercancía que se compra y se vende, arrasando con la conciencia moral del país (…) que vulnera y pisotea tan masivamente el debido proceso, en desconocimiento de todo el derecho internacional y de todos los principios rectores del derecho interno…”. Uno sólo puede invitar a colaborar con la justicia, una vez ésta haya corregido sus procedimientos criminales y haya prescindido de los funcionarios corruptos que la han envilecido.

3. Colaborar con esa justicia, se pregunta usted, ¿no es acaso avalar y legitimar sus procedimientos y hacerse corresponsable de sus crímenes?
4. Quizás todo eso se explique, concluye usted en su carta, por el hecho de que yo no conozco suficientemente los casos de millares de ciudadanos que son privados de sus más elementales derechos sin que la justicia les reconozca estas violaciones.

Lo primero que quiero decirle es que usted me atribuye una seguridad y una convicción, que yo, a diferencia de usted, no tengo; o por lo menos no las tengo en esa columna y en este tema. Y este es un punto importante. En asuntos políticos y jurídicos no siempre es fácil asumir posiciones contundentes y definitivas. Es cierto que los políticos, los sacerdotes y hasta los jueces, tienen, por la naturaleza de su oficio, que optar siempre entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. La labor de los académicos, en cambio, es ante todo, tratar de entender y de explicar lo que sucede. No es que los académicos no defendamos causas o principios. Por supuesto que sí. Pero tenemos la responsabilidad de sintonizar esa defensa con nuestro propio esfuerzo por entender y por explicar. Si los hechos desmienten nuestras convicciones o le imponen matices a nuestras creencias, estamos obligados a cambiar de opinión y a adaptar lo que decimos a lo que vemos y entendemos. Yo creo ser un defensor de los derechos constitucionales y en general trato siempre de ponerme del lado de los débiles, de los subordinados y de las víctimas, que por desgracia son demasiadas en este país; pero eso no me impide criticar lo que algunos de ellos hacen o criticarme a mí mismo. Estoy convencido de que una idealización de los pobres y de los que sufren no le hace bien a las causas destinadas a defenderlos. No estoy diciendo que la labor de los académicos o de los intelectuales sea más valiosa o mejor que la de los políticos, la de los sacerdotes o la de los defensores de derechos humanos. De ninguna manera; tampoco digo que siempre tengamos la verdad de nuestro lado. Sólo digo que es una labor distinta y tan necesaria como las otras.

Hecha esta advertencia, quisiera decir que el problema que yo planteo en la columna es sumamente complejo y difícil. Mi propósito era entonces mostrar esa complejidad y, en particular, las dudas que me suscita la condena irrestricta que usted hace de la justicia y su decisión de no colaborar con ella. Respondo entonces a sus argumentos con la intención de ampliar lo que sostuve en la columna.

- Derecho natural y derecho positivo

La distinción que usted hace entre dos concepciones del derecho, una apegada a la norma o a las formas y otra fundada en la justicia o en el contenido –conocidas en el derecho como entre iusnaturalismo (derecho natural) e iuspositivismo (positivismo jurídico)- es, creo yo, más compleja de lo que usted señala. Sobre todo en el siguiente aspecto: ninguna de las dos teorías es una garantía contra la arbitrariedad. Ambas han sido invocadas para defender tiranías. Los jueces nazis eran defensores de la justicia –o de lo que ellos entendían por justicia- y menospreciaban el formalismo jurídico. Hans Kelsen, que usted menciona en el texto como un exponente del positivismo jurídico, fue un gran defensor de la democracia representativa. Así que, creo yo, el problema no es por ese lado. Si usted repasa la historia del derecho encontrará tiranos y demócratas, tanto entre los defensores del derecho natural como entre quienes adhieren al iuspositivismo. Por eso no todos quienes luchan por los derechos humanos adhieren a la misma doctrina jurídica. Si quiere ejemplos más cercanos podría decirle que Ciro Angarita y Carlos Gaviria, cuando eran magistrados de la Corte Constitucional, estaban de acuerdo en muchas cosas, a pesar de ser iusnaturalista el primero e iuspositivista el segundo. Así pues, ni la defensa de la justicia contra el formalismo jurídico, ni la defensa de la ley formal contra las opiniones amañadas de la justicia, son garantías del buen Gobierno.

- El funcionamiento de la justicia

Su segundo argumento, el de la podredumbre del aparato judicial, me parece el más importante y también el más difícil de responder. Aquí es donde me asaltan las dudas. Es verdad que yo no tengo el conocimiento puntal que usted tiene de la justicia, ni mucho menos la experiencia que usted tiene con víctimas que intentan defender sus derechos ante los tribunales. Mi conocimiento del aparato judicial es más general y más sociológico y quizás también más limitado. Sin embargo, también me he interesado en casos puntuales y entre ellos he estudiado el de la comunidad de San José de Apartadó (ver mis textos: Emancipación y luchas sociales en Colombia, Bogotá Norma 2004 y Sociedad en emergencia, Defensoría del Pueblo, 2005 y sobre todo, Jueces sin Estado, Siglo del Hombre, 2008). Pero dejemos de lado estos argumentos personales –que se parecen mucho a falacias ad hominem, es decir a desviaciones subjetivas de los argumentos de fondo- y pasemos a lo esencial.

A pesar de lo implacable, persistente y poderosa que parece ser la dominación política en Colombia, no creo que todo el aparato del Estado haga parte de una organización monolítica y premeditada destinada a mantener el estado de cosas actuales. Tampoco creo eso de la justicia, en donde también hay jueces, magistrados y empleados judiciales que se comportan como verdaderos funcionarios respetuosos de la ley y a veces incluso protegen esa ley con heroísmo. Son los menos, me dirá usted y es muy posible que los casos de la comunidad de San José no hayan pasado por esas pocas manos, pero creo que, a pesar de eso, todavía siguen siendo muchos y que su trabajo es significativo. Por eso no pienso que la Fiscalía de Iguarán pueda ser vista como una simple continuación de la Fiscalía de Osorio y creo que entre ambos fiscales hay más diferencias que semejanzas.

- ¿Quiénes colaboran son cómplices?

Justamente porque no creo que todo el aparato judicial sea corrupto y criminal, como usted lo señala, tampoco estoy de acuerdo en catalogar de cómplices a las personas que colaboran con la justicia. Me parece que en este punto usted francamente exagera. La actitud heroica que usted recomienda para los líderes de la Comunidad de San José de Apartadó es sin duda loable, pero no creo que todos aquellos que no asumimos esa actitud podamos ser catalogados como cómplices, ni siquiera como cobardes.

- El círculo vicioso

Pero quizás el punto más importante de mi argumentación es el pragmático, que también denomino en la columna el “círculo vicioso” y sobre eso voy a alargarme un poco más.

El tema de la resistencia al poder es muy complejo. Quisiera mostrar algo de esa complejidad, enumerando algunas ideas al respecto.

En primer lugar me parece que hay que diferenciar varias situaciones. Una cosa es la sublevación de todo un pueblo contra un tirano (rebelión); otra es la acción violenta emprendida por un grupo de subordinados frente a una autoridad o una decisión (protesta violenta) y otra es la desobediencia pacífica y pública frente a la ley (desobediencia civil). El primer caso, el de la rebelión –al menos en términos teóricos, es fácil de justificar; ¿quién podría negar, por ejemplo, que los prisioneros de un campo de concentración nazi tenían ese derecho? El tercer caso, el de la desobediencia civil, también se puede justificar sin problema y así lo ha hecho una abundante literatura sobre doctrina jurídica y derecho constitucional. El segundo caso es el más complejo y eso debido a que implica el uso de la violencia en un régimen justo, o básicamente justo.

La posición que usted defiende, es decir, la resistencia contra al aparato de justicia, que es una especie de combinación de los casos uno y tres, también me parece muy difícil de justificar.

¿Cómo deben ser catalogados el régimen político colombiano y la justicia? ¿Cómo sistemas básicamente injustos? ¿Es posible asimilar el caso colombiano al campo de concentración nazi? Es muy difícil responder a estas preguntas en términos generales. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por responder de esa manera, pues este es un punto de partida indispensable para sustentar la actitud que asumimos ante las instituciones. Si estamos ante un sistema básicamente injusto, la solución no puede ser otra que la rebelión o la resistencia. Si estamos ante un régimen básicamente –es decir, en lo esencial- justo, lo que debemos hacer es defender ese núcleo básico de justicia contra las autoridades arbitrarias.

Es cierto que en Colombia no tenemos mayores motivos para estar satisfechos con el presente y esa insatisfacción es, en buena parte, atribuible a la incompetencia y a la corrupción de la clase política que nos ha gobernado por casi dos siglos. Más aún, hay momentos en los que uno está tentado a catalogar el régimen político colombiano como básicamente injusto. Sin embargo, también hay motivos y momentos para la esperanza. La promulgación de la Constitución de 1991, buena parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las actuaciones recientes de la Corte Suprema contra el paramilitarismo, muestran no sólo lo complejo y contrastado que es el Estado, sino también cómo, la manera tradicional y plutocrática de gobernar no siempre las tiene todas consigo. Dicho en otros términos, al interior del Estado colombiano parece haber una lucha entre dos facciones que buscan consolidar dos proyectos diferentes de sociedad: uno de ellos conservador, empeñado en mantener las viejas estructuras patriarcales de poder y clientela; y otro progresista, que busca superar esas estructuras y consolidar un Estado social de derecho. Así las cosas, es apenas natural que nos debatamos entre la esperanza y la tribulación. Sin embargo, ninguno de esos dos estados de ánimo, por separado, da buena cuenta de la compleja realidad institucional en la que vivimos. Pero hay una implicación mucho más importante que esa y es la siguiente: ambos estados de ánimo subestiman el hecho de que el Estado es un espacio de construcción política e institucional, y no simplemente algo dado, algo que simplemente se padece o se goza.

Quizás esta visión constructiva (o constitutivista, como dicen algunos) del Estado –en oposición a una visión instrumental- nos ayude a liberarnos de un maniqueísmo institucional demasiado arraigado en la cultura política nacional y que ve en el Estado bien sea al portador de todos los bienes sociales o al causante de todos los males. No estoy tratando de disculpar al Estado colombiano, ni mucho menos, sino de mostrar que la separación entre el estado y la sociedad no es tan simple como parece y que parte de la construcción institucional depende de la ciudadanía y más específicamente de la manera como se comporta la oposición política.

La izquierda latinoamericana considera que todos los males vienen del Estado, y por eso experimenta cierto menosprecio por todo lo institucional (sólo cuando llega al poder constata la importancia que tiene la permanencia del Estado y de sus normas en la búsqueda de sus propósitos de cambio). Eso conduce a una actitud de intransigencia sistemática por parte de los movimientos contestatarios en el continente, y de allí viene una precariedad institucional que dificulta incluso la posibilidad de que la izquierda se desarrolle. El caso boliviano y, hasta hace muy poco, el caso ecuatoriano, son ejemplos de este tipo de reducción del derecho al juego de las oposiciones políticas. Incluso quienes proponen el cambio social e institucional –por las vías pacíficas, claro está- necesitan unas reglas de juego y una cierta estabilidad para construir ese cambio.

Esa actitud radical de la izquierda, además, se afianza en un supuesto muy cuestionable, según el cual, los cambios sociales –la revolución, entre ellos- están más cerca cuando las injusticias aumentan. Siguiendo lo dicho por Marx y Engels en el Manifiesto, se piensa entonces que las revoluciones ocurren cuando la gente no tiene “nada más que perder que sus cadenas”. Siendo así, todo lo que conduce a aliviar la situación de los oprimidos es visto como una prolongación de su infortunio y como un aplazamiento del verdadero cambio.

Desafortunadamente, el aumento de la opresión no necesariamente conduce a la rebelión y al cambio. El avasallamiento de los pueblos es algo que se puede perpetuar, e incluso acentuar, durante generaciones, en medio de la apatía y de la indiferencia de los oprimidos. Es más bien lo contrario lo que suele suceder y la ilustración más célebre de esto es la Revolución Francesa, la cual tuvo lugar justamente cuando las condiciones del pueblo estaban mejorando sustancialmente. Según Alexis de Tocqueville esto ocurrió porque esa mejoría le permitió a los oprimidos tomar conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo contra ellos; esa mayor conciencia fue la que hizo posible que se atrevieran a tomar las riendas de su destino.

Algo similar puede suceder con las reformas progresistas (o incluso con la dimensión progresista de las instituciones actuales): ellas mejoran la condición de la gente y, por esa vía, les permiten tomar conciencia de sus derechos; derechos que antes veían como inalcanzables. Muchos grupos subordinados han encontrado en la acción de tutela, por ejemplo, no sólo un remedio concreto contra algunos de sus males, sino también una oportunidad para dotarse de una mayor conciencia política. Cuando la lucha por los derechos es vista como algo posible, algo que da buenos frutos, la militancia ciudadana aumenta, en lugar de apaciguarse.

Por eso las reformas progresistas –o la colaboración institucional destinada a aplacar los males sociales- no sólo no son una dilatación del cambio o una prolongación de la injusticia –mucho menos son una complicidad con el mal- sino que pueden ser el camino para aliviar esa injusticia. Por eso también, colaborar con las instituciones no sólo no representa ninguna complicidad con la opresión, sino que puede ser la mejor manera posible de acabar con ella.

En su afán por descalificar al poder político, la oposición en Colombia termina confundiendo ese poder con las instituciones y con el derecho; y por esa vía, al politizar todo el Estado, bloquea las posibilidades de cambio democrático. Cuando en la descalificación de los gobernantes se incluye a las instituciones, que son las depositarias de las reglas de juego básicas que están en la Constitución, cuando esas instituciones se reducen a las personas –el Presidente es la Presidencia, el magistrado es la Corte, el congresista es el Congreso- no queda nada por fuera de la política y, de ésta manera, se terminan bloqueando los canales institucionales que le permitirían a la misma oposición tener éxito.

Así pues, a mi juicio, las transformaciones sociales y democráticas necesitan mantener aquella parte básica de la institucionalidad –que no tiene porqué ser de derecha o de izquierda- que es indispensable para que el cambio tenga lugar por las vías pacíficas y, sobre todo, para que dicho cambio perdure. Al desconocer el carácter de “regímenes globalmente justos”, es decir, al negar la existencia de una institucionalidad básica, legítima y ajena al debate político, la izquierda radical colombiana mina el camino de su propio avance político, y bloquea los posibles desarrollos democráticos de esa institucionalidad básica. De esta manera, a mi juicio, esa izquierda también contribuye a crear las condiciones bajo las cuales los gobiernos y las castas políticas tradicionales terminan siendo lo que son.

La justicia, como la Constitución, no es algo fijo y terminado, sino algo dinámico que cambia en el tiempo y en el espacio. Cuando los sectores progresistas, o simplemente honestos, de la justicia no cuentan con el apoyo de la ciudadanía para llevar a cabo sus tareas, la justicia queda en manos de los sectores más retardatarios. La falta de colaboración de la izquierda puede ser contraproducente, es decir, puede hacer que la justicia termine siendo lo que la derecha quiere que ella sea. Por eso creo que quienes colaboran con la justicia no sólo no son cómplices sino que cumplen una labor muy importante, que entre otras cosas no les impide para nada el ejercicio de la crítica.

Quisiera terminar, padre Giraldo, diciendo que no sólo tengo dudas en este asunto. También tengo certezas y una de ellas es que estoy convencido de que la defensa de los miembros de la comunidad de Apartadó y la actitud abnegada y heroica que usted asume son, en todo caso y con independencia de nuestro debate, dignas de admiración.

Cordialmente,

Mauricio García Villegas
Profesor Universidad Nacional de Colombia