La vigencia de la mutilada Constitución de 1991

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

El pasado 4 de julio la Constitución Política cumplió su mayoría de edad, 18 años en medio de un gran debate nacional sobre su vigencia y sobre la naturaleza de los recortes y modificaciones que se le han hecho en 28 reformas constitucionales que se han aprobado desde su promulgación.

Los debates sobre su vigencia y su importancia como carta de navegación para el país dividen la opinión aún de quienes la aprobaron. En reciente evento convocado por la Corporación Plural que agrupa a la mayoría de los Constituyentes de 1991 las opiniones son dispares. Para Constituyentes como Augusto Ramírez Ocampo una segunda reelección de Uribe sería la declaratoria de defunción de la Carta Política dado que se ha afectado de manera sustancial y significativa el equilibrio de poderes, se ha incrementado el presidencialismo en desmedro de las restantes ramas del poder público, se ha afectado de manera drástica el proceso de la descentralización con la aprobación de actos legislativos que han recortado las transferencias a las entidades territoriales con lo cual se ha afectado la autonomía de departamentos y municipios, se ha atentado contra la independencia del poder judicial, etc. Para otros como Antonio Navarro la Constitución sigue viva y se defiende de los ataques reformistas. La Tutela sigue siendo un instrumento al que recurren los excluidos sin necesidad de recurrir a las vías de hecho para que se reconozcan sus mínimos derechos. La  Carta de derechos fundamentales vive en los colombianos y colombianas, la descentralización pese a las reformas regresivas sigue siendo de las más avanzadas de América Latina. Hay una Corte Constitucional que en lo fundamental ha podido reivindicar la vigencia del goce efectivo de los derechos y la independencia reciente de la Corte Suprema indica que el sistema de elección de los más altos magistrados ha garantizado esa mínima independencia. Es verdad según Navarro que la mayor parte de las reformas han significado un retroceso, pero, también hay por lo menos una reforma que enmendó en un sentido acertado a la carta para evitar la dispersión política. Se refería a la reforma constitucional que estableció el sistema de listas únicas, umbral, etc.

Horacio Serpa otro de los presidentes de la Asamblea Constituyente sostuvo que la Carta cumplió y seguirá cumpliendo su papel de renovación de las costumbres políticas. Al establecer el sistema acusatorio brindó al Estado la posibilidad de enfrentar la nueva criminalidad, abrió los diques de la participación ciudadana estableciendo mecanismos directos de reivindicación de los derechos como la Tutela, las Acciones Populares. No han podido desmembrarla a pesar de los recortes. La Constitución sigue en pie. Obviamente como grandes contrarreformas regresivas anotó el recorte a la descentralización, las malas reglamentaciones de otros mecanismos de participación ciudadana.

Pero en lo que todos estuvieron de acuerdo es que la reelección del presidente Uribe constituyó quizás la reforma más negativa por cuanto afecto la arquitectura constitucional en un aspecto fundamental, aquel de pesos y contrapesos que es la esencia de la democracia, es decir, la división de poderes. Al aprobar una reforma constitucional que permitió la reelección inmediata se afectó la independencia de organismos claves como la Junta Directiva del Banco de la República, la independencia de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la Nación, de la Procuraduría y de la Fiscalía. Por ello y ante el peligro que representa una nueva reforma constitucional para permitir que Uribe se presente a una nueva reelección los constituyentes de 1991 llamaron a la conformación de una Gran Coalición Ciudadana para defender la democracia y la esencia de la Constitución de 1991.

Es obvio que la Constitución ha sido muy afectada por las 28 reformas. Quizás como lo anotó Navarro se salva parcialmente la reforma política de 2003 que estableció mecanismos para fortalecer los partidos políticos. El resto de reformas han sido regresivas. Regresiva la reforma que recortó las transferencias a los departamentos y municipios con destino al gasto social en educación y salud. Esta reforma le costará cerca de 78 billones desde 2002 y hasta 2016 a los municipios y a los departamentos. Nefasta  la reforma que entregó el Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos. Un Consejo que no decide ni siquiera sobre la aplicación de sus propias normas en materia de financiamiento de los referendos como el que busca la tercera elección de Uribe. Nefasta la influencia del Presidente en el nombramiento de organismos como la Defensoría, la Procuraduría, La Corte Constitucional, la Contraloría y la Fiscalía. Uribe promueve ternas de uno con lo cual incrementa su poder y su influencia sobre procesos en los cuáles él mismo resulta beneficiado. Un ejemplo reciente. La terna para la elección del Fiscal General. Quiere antes que nada que Camilo Ospina su ex ministro de defensa sea el elegido por la Corte y lo acompaña de dos desconocidos en el foro jurídico sin conocimiento del derecho penal en medio de una crisis ocasionada por los falsos positivos o mejor por los asesinatos de indefensos ciudadanos a manos de miembros de las fuerzas armadas, o las investigaciones contra el 30% del Congreso de los cuáles más del 80% son miembros de los partidos de su coalición, o las investigaciones por las chuzadas a defensores de derechos humanos, miembros de la oposición o periodistas. Uribe no se ruboriza frente a estos señalamientos. Por el contrario terna para que la Corte Suprema elija al candidato de sus preferencias que tiene el mandato de garantizar la impunidad para los delincuentes de cuello blanco que no han dudado en recurrir a prácticas ilegales con tal de garantizar la continuidad de Uribe en el poder. Léase parapolítica, Yidispolítica, falsos positivos, comité de impulso al referendo reeleccionista, parlamentarios comprometidos con la reelección que recibieron a cambio de su voto notarias y demás recursos públicos, etc.

Así pues el balance es positivo en general, pero, muy negativo en algunos  aspectos cruciales del acontecer diario de la vida social pública en Colombia. También hay que anotar la debilidad de la oposición y de los movimientos sociales para defender la Constitución Política de 1991, es decir, la Carta Democrática lograda por consenso en un organismo excepcional y único que fue la Constituyente.

Bogotá julio 10 de 2009