Primer Debate: Los retos para enfrentar la Corrupción en Colombia

Pedro Santana
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Bárbara González
Asesora Jurídico Política Corporación Viva la Ciudadanía

En el marco de la Cumbre Social y Política, la Corporación Viva la Ciudadanía, La Misión de Observación Electoral, MOE, Transparencia por Colombia, Vote Bien, Fundación Foro Nacional por Colombia, y la Universidad Libre, convocaron y realizaron, el pasado miércoles 4 de noviembre, un debate de la sociedad civil con los candidatos Gustavo Petro del Polo Democrático Alternativo y Rafael Pardo del Partido Liberal, sobre la lucha contra la Corrupción en Colombia.

En el debate contó con un amplia participación de la comunidad universitaria, organizaciones sociales, líderes sociales y periodistas, todo dentro del proceso de la Cumbre Social y Política integrada por un número significativo de organizaciones sociales, políticas, académicas, que ha impulsado en este año procesos deliberativos aunando esfuerzos para la construcción de propuestas colectivas en torno a temas de la realidad del país con el objetivo de construir una Agenda de País que en la coyuntura del debate presidencial ponga en primer plano los reales retos y problemas que enfrentamos en la tarea de construir una sociedad más democrática y con justicia social.

Al debate se habían invitado sólo a los candidatos presidenciales que actualmente han sido postulados por diversos movimientos políticos o ciudadanos. Desafortunadamente y por diversas circunstancias no pudieron concurrir los candidatos Sergio Fajardo Valderrama y Germán Vargas Lleras.

La dinámica de la deliberación estuvo dividida en tres momentos. En un primer momento dos expertos Elizabeth Úngar, directora de Transparencia por Colombia y Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía preguntaron a los candidatos temas concernientes a la corrupción. En un segundo momento se dio espacio a los candidatos para replicar y exponer puntos considerados por ellos importantes para tener en cuenta en el debate. Finalmente en un tercer momento, se abrió el espacio para las preguntas formuladas por el Auditorio, que fueron hechas  por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral y por Edilia Mendoza de la Mesa de Unidad Agraria en nombre la Cumbre Social y Política.

La primera pregunta partiendo de las múltiples evidencias que han desnudado la relación entre actores armados ilegales de diverso signo y sectores de la clase política local, regional y nacional, fenómeno conocido como captura del Estado, fue: ¿Cuál es su propuesta para contrarrestar estos vínculos arraigados en muchos territorios del país?

Para el candidato Rafael Pardo es necesario tomar en cuenta  la arquitectura del régimen político para evidenciar que su estructura es individualista y favorece los intereses de pequeños sectores de opinión o de la estructura de los partidos por los cuales son postulados los candidatos. Su propuesta radica en modificar el diseño institucional con el propósito de no permitir, por un lado, el aval de instrumentos y comportamientos ligados a formas diversas que facilitan la corrupción, como el voto preferente; y por otro lado, el ingreso  de grupos ilegales a la política. Aclara que por ilegal debe entenderse no sólo los actores  del conflicto armado, sino también diversos actores legales que facilitan la permeabilidad de los intereses ilícitos armados o facilitan diversas modalidades de perversión en los mecanismos de contratación pública que finalmente terminan favoreciendo a diversos actores que contratan para su propio beneficio.

El candidato Gustavo Petro,  expresó que la base de la corrupción es la elite local y  su poder territorial, cuya extensión y desarrollo ha llevado a una insuficiencia de la democracia. Situación que se agrava por los vínculos de esta élite con el negocio del narcotráfico, que lleva a “lavar” dólares a través de la tierra, y a consolidar una articulación con el poder político mafioso.

La propuesta del candidato del Polo se ubica  en la democratización del poder local, para que los usufructuarios del poder local no sean los sectores de la élite unida al narcotráfico sino el pueblo, la ciudadanía. Eso se logra manejando el eje fundamental de ese poder que es la tierra, porque es el mecanismo mediante el cual el narcotráfico accede al poder político. En consecuencia, afirma el candidato, si se democratiza la tierra se democratiza el poder local, y el medio para lograrlo es trasladar la propiedad de la tierra, pero no bajo un proyecto de reforma agraria sino bajo un sistema de restitución de la propiedad a sus verdaderos dueños, esto es a los cientos de miles de familias desplazadas bajo la figura de la extinción del dominio, esto es de regresar la propiedad a sus verdaderos dueños  para que la tierra deje de estar en manos de tenedores ilegítimos para devolverse  a sus propietarios legítimos. Con este modelo se contrarresta el poder del narcotráfico, modelo que necesariamente estaría ligado a políticas públicas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, llevado a cabo en un proceso de acuerdo entre víctimas y victimarios, que sólo es posible a través de la verdad, justicia y reparación. Finalmente señala que la cesión del poder de la elite local a la ciudadanía, requiere adicionalmente el cambio y la adopción de una nueva política antinarcóticos.

La siguiente pregunta, ¿Cual es su propuesta para fortalecer la eficiencia e independencia de la justicia y los órganos de control del país para que se pueda detectar, sancionar y prevenir la corrupción?

Para el candidato Gustavo Petro, el problema de la justicia no es la congestión sino la impunidad y eso se evidencia estudiando el funcionamiento de la rama judicial, en que el sesenta por ciento del trabajo y de los recursos destinados para su actividad están dirigidos a fallar casos relacionados con procesos ejecutivos, es decir, para resolver conflictos jurídicos del sistema financiero. Con base en esta propone que para lograr la independencia de la justicia de estos procesos ejecutivos debe reformarse la justicia estableciendo que los sectores financieros sean los que paguen los costos de estos procesos de tal manera que los recursos liberados vayan a fortalecer los procesos penales que afectan los derechos humanos, las investigaciones contra los criminales y cuyo eje fundamental sea brindar justicia a los ciudadanos y a las víctimas.

También afirma que en el tema de justicia es preciso reconocer la sistematicidad de los delitos, de la sistematicidad con que se ejecutan, que es lo que ignora el procedimiento penal colombiano. Para explicar su pertinencia señala que el delito de genocidio no se puede investigar desde un homicidio en particular, sino desde la investigación acumulada de casos que dan cuenta de los responsables y la lógica del procedimiento en la comisión de los delitos.

En definitiva, se trata de  lograr una justicia para el castigo a los delitos de lesa humanidad, lo que significa liberar el sistema judicial de los procesos individuales para dar paso a procesos colectivos, pero para ello se requieren recursos y es por ello que propone que en los procesos en defensa de los intereses del sistema financiero sean estos sectores los que paguen mediante un sistema tributario justo.

Para el candidato Rafael Pardo, la reforma a la justicia no está en cómo se juzga a los altos funcionarios sino en el acceso a la justicia como recurso público, que permita resolver todo tipo de conflicto jurídico, grande, mediano o pequeño.

Considera que el aparato judicial no debe ser del todo desdeñado, precisamente es de reivindicar que el sistema judicial no es indiferente a los casos de corrupción. Se podría calificar de “lento” pero no catalogarlo de indiferente, se observa que en Colombia se han presentado más suspensiones e investigaciones de alcaldes por medio de la justicia, que  revocados de su mandato por vía de la ciudadanía. De esta forma lo crucial para la justicia es otorgar más poder a la ciudadanía para actuar en casos como la revocatoria de mandato. Es para el candidato del Partido Liberal desafortunado que solo los jueces vigilen los recursos públicos; hay que dotar de instrumentos a la ciudadanía para que ella pueda efectivamente, mediante los mecanismos de control social, castigar a los corruptos. Se requieren instrumentos que faciliten que los ciudadanos revoquen el mandato a funcionarios venales.

Sobre los organismos de control expresa la necesidad de crear mecanismos que estén separados del circuito del poder político y de los arreglos políticos para que puedan actuar autónomamente en casos de corrupción. Debemos desterrar de la práctica de la política colombiana que un primer acto del gobernante electo sea ver como conforma una coalición para elegir a los contralores, a los personeros, es decir, a los funcionarios que deben controlarlos. Es por ejemplo lo que paso con la Personería de Bogotá.

Las siguientes preguntas planteada por los expertos, tomando en consideración que la financiación política es una fuente de corrupción de la política, fue, ¿cuando, en qué momento podrán conocer los ciudadanos las fuentes de financiación de sus campañas y que compromisos ofrecen frente a este tema? y ¿Qué proponen para que la financiación de las campañas no estén comprometidas con futuros beneficios  otorgados a través de contratos, subsidios, etc.?

El candidato Rafael  Pardo afirma que comúnmente se cree que la financiación de las campañas políticas es el tema de mayor importancia en el fenómeno de la corrupción, pero es falso, porque la financiación de las campañas políticas no es el punto de llegada de la corrupción sino el medio para  su desarrollo.

Afirma que la corrupción, en la Colombia de hoy, es una forma de ejercicio del poder político, es el principal instrumento de poder político, que empieza desde el poder local y va hasta el orden nacional. La estrategia está en que los dirigentes conforman coaliciones mayoritarias en el Concejo, la Asamblea, el Congreso, buscando incidencia en los órganos de control. En este esquema no importa la conformación de bancadas, ni la ideología, ni el partido político, lo importante son las coaliciones que se forman con base en prebendas, contratos, concesiones, etc., es decir, en la financiación que proviene del circuito político que impone la coalición mayoritaria en cada nivel del gobierno.

De esta suerte, afirma el candidato del Partido Liberal, que la financiación de las campañas políticas no puede verse de forma separada del circuito de la corrupción política. La receta o fórmula que tradicionalmente se ha propuesto para evitarla o disminuirla es la financiación estatal, pero considera que esta fórmula no resuelve el inconveniente de la financiación ilegal. Insiste que el núcleo del problema se ubica en la política individualista, en que el individuo sólo obedece a su propia aspiración y en tener los medios e instrumentos para mantenerse en el poder. Siendo problemático que la corrupción no sea vista por la sociedad como una anomalía sino como el ejercicio normal de la política, el reto es por ende, que la política deje de ser individualista y se convierta en una práctica colectiva.

Sostiene que la financiación de su campaña será conocida al momento de la reposición de votos y que más allá de las exigencias legales, será publicado ese manejo constantemente y de manera oportuna en la página Web de su campaña. Aseguró que el ochenta por ciento de su campaña será financiado mediante el crédito, mientras llegan los recursos por  la reposición de votos.

El candidato Petro respondió diciendo que él ha propuesto el financiamiento total o completo por parte del Estado de las campañas electorales y la eliminación del voto preferente, para erradicar el componente  individualista de las campañas y de esta manera poder disminuir las posibilidades de ingreso de recursos del narcotráfico y de los actores ilegales en el financiamiento de las campañas políticas. No es que el financiamiento público libere los riesgos de infiltración de dineros ilegales por completo, pero, permitiría un verdadero control a los recursos que ingresan a las campañas. Sostiene que en la medida en que el propósito del financiamiento es principalmente la compra de votos se requiere de mecanismos que incrementen la conciencia ciudadana sobre la importancia del poder de los ciudadanos al momento de elegir y al momento de decidir sobre los recursos públicos.

La forma de combatir con éxito a los intermediarios de los recursos públicos, a los clientelistas, es entregando mayor poder de decisión a los ciudadanos. Propone que una parte creciente de los recursos de inversión de las entidades territoriales se entregue directamente a los ciudadanos mediante el mecanismo de los presupuestos participativos. Debería aprobarse una ley que establezca que una parte importante de los recursos de municipios y departamentos sea destinada a los presupuestos participativos que permita que los ciudadanos decidan hacia donde y en que proyectos quieren que se inviertan estos recursos públicos. Con ello se ganaría a miles de ciudadanos para que vigilen la contratación, la ejecución y el desarrollo de los planes de desarrollo acordado con las comunidades.

Finalmente asegura que dado la poca disponibilidad de recursos para financiar una campaña de izquierda como la suya, ésta se realizara principalmente con recursos provenientes del Estado que dispone un anticipo por los ingresos de reposición de votos. También entregará información mediante la página Web sobre la contribución de los particulares a su campaña.

La otra pregunta formulada fue, ¿Cuál es la propuesta para disminuir los niveles de corrupción en procesos de contratación con recursos estatales?

El candidato presidencial Rafael Pardo, explicó que los fenómenos de corrupción son más graves y de mayor tamaño en los llamados  contratos de concesión y adjudicación directa, estos son los que ameritan mayor observación porque son regulados por normas generales de contratación, sin tener a su favor una regulación normativa concreta, de una Ley especifica e insiste sobre todo para las concesiones. Resulta que en el procedimiento de las concesiones se presentan los mayores vacíos, lo cual permite la comisión de arbitrariedades y la ocurrencia de casos de corrupción. Esto no implica quedarse reducido a la expedición normativa, por el contrario, se requieren  examinar los instrumentos, espacios y vacíos que permiten las formas como se concretan los hechos de corrupción. Resume su propuesta con Participación; transparencia; reducción de los espacios de decisión sin controles para determinar los procedimientos de contratación directa; la contratación directa debe reducirse, para que sea manejada solo para temas excepcionales; cambios que no generen arbitrariedad y que más bien permitan la revisión de las normas sobre adjudicación de concesiones.

Para el candidato del partido Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, el Presidente de la República debe responsabilizarse de los procesos licitatorios para dar un mensaje absoluto de transparencia. Explica que los recursos otorgados a las regiones que llegan a las manos de la elite local son privatizados por ellas mismas mediante los procesos de contratación. Para la transparencia licitatoria, propone en primer lugar, la participación de la sociedad en la asignación de los recursos, haciendo efectiva la descentralización dirigida al ciudadano. En segundo lugar, propone separar el poder económico de la política eliminando la financiación privada de los procesos de elección popular.

En el segundo momento del debate, se abrió un espacio para que los candidatos replicaran.

Gustavo Petro señaló que en Colombia existe una evasión a la justicia y especifica que lo central es quitarle el poder local al poder mafioso, proponiendo la elaboración y desarrollo de una política antinarcóticos, aunada a la construcción de  procesos democráticos que erradiquen ese poder mafioso, para ir más allá de la eliminación del negocio del narcotráfico. Sugiere que la política antinarcóticos debe originarse desde una justicia transaccional, esto es, que el narcotraficante dé las tierras y su poder a cambio por ejemplo de no ser extraditado.

Para Rafael Pardo la corrupción también está relacionada con la actitud de los mandatarios que amparan o no el ventajismo, el oportunismo y la corrupción. Por ejemplo no se puede caer en conductas como las expuestas por el Ministro del Interior, quien consiguió los votos de manera fraudulenta para aprobar el Referendo en el Congreso. La conducta del mandatario es la mejor política para promover o acabar la corrupción. Así el problema de la corrupción no estriba solamente en una discusión netamente técnica, tiene que ver también con las actitudes.

En la tercera parte, le  correspondió al Auditorio plantearle a los candidatos varias preguntas sobre la temática tratada.

Al candidato Gustavo Petro se le preguntó, ¿En materia de reforma agraria continuaría usted con el actual esquema de subsidio o tiene previsto otros proyectos?

El candidato señaló que los subsidios son indispensables para la producción de alimentos, y esta propuesta marca ya una notable diferencia. Explica que el objetivo de su gobierno es “Una Colombia sin hambre”, y para lograrlo se debe poner a producir los quince millones de hectáreas de tierras fértiles que existen en Colombia  para producir alimentos, sobrepasando considerablemente la cantidad hoy usada que es de cuatro millones de hectáreas. La estrategia consistiría en que a través del subsidio de la producción se acabe con el hambre, mejorando el nivel de vida, integrando el campesino a la modernidad y a la democracia política.

La siguiente pregunta estuvo dirigida al candidato Rafael Pardo, ¿El partido liberal y su trayectoria  histórica muestra que es corresponsable de la corrupción pública administrativa en Colombia, entonces, cómo convencer a la ciudadanía que su propuesta de gobierno es diferente a esa tradición histórica?

Responde el candidato diciendo que existe una imagen del partido liberal asociada a la corrupción. Explica que la corrupción está asociada al poder y solamente los partidos políticos que no están o no han estado involucrados con escándalos de corrupción son los que no han tenido ejercicio de poder. En ese sentido, su partido político tiene esa carga porque ejerció el poder y quien haya estado asociado al poder tiene ese mismo estigma, en la actualidad ese señalamiento recae en el uribismo.

Propone una política distinta, no desconocer e ignorar el pasado, sino de desarrollar mecanismos de reforma que permita romper con la corrupción, sin importar el partido o quien sea el mandatario. Hay que realizar una reforma estatal que blinde los intereses públicos de la corrupción independientemente de quién ejerza el poder.

Otra pegunta para el candidato Gustavo Petro elaborada por el Auditorio fue, ¿Qué propuestas tiene para garantizar la responsabilidad de los partidos políticos?

Afirmó el candidato que hoy nos enfrentamos una realidad en la cual hay un ascenso de los delincuentes al poder incrementándose paralelamente la criminalidad. Por eso la propuesta es el ejercicio de otra política, consistente en la ciudadanía libre. Para concretarla es preciso lograr una nueva correlación de fuerzas, favorable a la Constitución de 1991, a la defensa de los intereses públicos. Parecería difícil lograrlo, pero, no debemos olvidar que en momentos de crisis como el que se vive actualmente es posible un salto cualitativo en que los ciudadanos rechacen el continuismo y se propongan, por ejemplo, frente a la corrupción del Congreso, del gobierno, de la clase política una actitud de cuestionamiento a quienes detentan el poder y consecuentemente un paso revolucionario para otorgar poder a unas nuevas mayorías, a representantes de otro pensamiento político, a un pensamiento político que crea realmente en el Estado Democrático. Esta respuesta mostraría una actitud de la ciudadanía favorable a un cambio profundo en las costumbres políticas, pero, sobre todo en lograr las transformaciones que requiere el país en la actualidad. Si el referendo reeleccionista fracasa esta segunda alternativa es muy probable.

La segunda pregunta realizada por el auditorio a Rafael Pardo fue la siguiente, ¿Cómo revertir la corrupción que contribuye a formación de una ciudadanía débil?

Propone el candidato la construcción de mayores espacios de participación ciudadana en las decisiones presupuestales y contractuales que le facilite a los ciudadanos controlar o inhibir procesos de corrupción. Una forma de concretarla es hacer efectivo el instrumento constitucional de la Revocatoria de Mandato, requiriéndose para su puesta en práctica de un procedimiento que sea más rápido que el exigido para un proceso judicial.