La responsabilidad política o el culto a la impunidad

Jorge Mejía Martínez
Economista

Hoy en España hay un gran debate porque la corrupción moviliza más recursos que el narcotráfico. En Colombia, según la revista Cambio, la corrupción en materia de contratación pública duplicaría el costo anual de seguridad democrática -dos billones de pesos, en promedio, según el PNUD-, y superaría en 700.000 millones de pesos las reservas por 3,2 billones de pesos para contingencias: reparación a víctimas de la violencia, reliquidación de pensiones, pago de deudas por bonos pensionales y pago de sentencias judiciales. Con la misma suma podrían darse 152.113 subsidios de vivienda para personas marginadas, a razón de un poco más de 11,5 millones de pesos cada uno.

El escándalo con el que nos despertamos hace pocos días los colombianos alrededor de la contratación del INCO –adscrito al Ministerio de Obras Públicas- fue rápidamente desplazado por el originado en otro Ministerio, el de Agricultura, con el obsequio de cuantiosos recursos de los contribuyentes a familias no solamente pudientes, sino riquísimas – algunas ligadas a los más grandes grupos económicos del país y otras cuantas al narcotráfico- mediante el tristemente ya célebre programa de Agro Ingreso Seguro. Meses atrás los escándalos corrieron por cuenta de una entidad adscrita directamente a la Presidencia de la República, el DAS, algunos de cuyos funcionarios se dedicaron a conseguir información fraudulentamente para venderla al mejor postor o para uso por parte del Gobierno.

Otro Ministerio, el de Defensa, supuestamente se sorprendió por la sindicación con pruebas en la mano,  desde distintos sectores de la sociedad, de que muchas bajas del Ejército a la guerrilla no eran más que asesinatos de indefensos pobladores en aras de estímulos y prebendas para los “valerosos” militares. El autor de la circular 029, auspiciadora de esta tragedia nacional, como premio, hoy aspira a ser el próximo Fiscal General de la Nación aupado por Álvaro Uribe. Se ha demostrado palmariamente que la primera reelección se compró con notarías y prebendas, pero en la cárcel tan sólo están los que recibieron la paga y no los que la ofrecieron. Los escándalos por corrupción sólo ayudan a ocupar páginas en los periódicos o espacios de la radio y la TV, pero las cúpulas no se conmueven ni la sociedad las presiona. La responsabilidad política es una postura extraña o ajena entre nosotros.

Para no recurrir a ningún teórico de la ciencia política moderna busquemos la definición que hace Wikipedia del concepto: La responsabilidad política es la imputabilidad de una valoración por el uso que un órgano o individuo hace del poder. Así, por ejemplo, afirmar que el Presidente X fue políticamente responsable en el caso Y, significa que se atribuye al Presidente X un grado de culpa y/o se le atribuye una sanción por la manera de usar su autoridad en el caso Y. Con el surgimiento de los estados organizados con base en constituciones políticas, la responsabilidad de los gobernantes ante los Parlamentos o los tribunales por su uso del poder es un tipo de responsabilidad jurídica. Esta forma de responsabilidad político-jurídica suele ser evaluada y adjudicada según reglas específicas (como el impeachement anglosajón) y ante autoridades específicas (como el Senado constituido en Cámara juzgadora o un Tribunal Administrativo ad hoc). Sin embargo, la responsabilidad política es también evaluada por los ciudadanos cuando, asumiendo el papel de electores en un sistema democrático, valoran el uso que los gobernantes han hecho del poder, aplicando cualquier tipo de criterio para evaluar su desempeño y no una norma jurídica. Por lo tanto, la responsabilidad política no se subsume bajo la responsabilidad jurídica, como la legitimidad política no se subsume bajo la legalidad jurídica. Un criterio que suele emplearse para distinguir la responsabilidad política afirma que conciernen relaciones verticales de autoridad (la conducta de la autoridad ordenadora frente al gobernado subordinado). El juicio de valor que un gobernado atribuye a los actos de poder de un gobernante constituye, en efecto, una manera de evaluar la responsabilidad política que es fundamental para la vida democrática. De acuerdo con Max Weber, el principio del "pequeño número", esto es, la superior capacidad de maniobra de los pequeños grupos dirigentes, garantiza la responsabilidad política frente al público. Dicha responsabilidad se volatilizaría por completo en una asamblea policéfala gobernante.

La debacle del Partido Liberal se profundizó por la actitud asumida frente al proceso 8000. Siempre se negó a aceptar cualquier tipo de responsabilidad política ante la escandalosa entrada de dineros calientes a la campaña liberal de Ernesto Samper. Cerró los ojos y se refugió en las responsabilidades personales de los protagonistas. Allí comenzó el principio del fin. Negar la responsabilidad política es una inveterada costumbre nacional. Luís Carlos Galán la había definido como “la obligación que tiene todo actor político de responder por las acciones u omisiones suyas en relación con el poder público ante el pueblo y los demás actores políticos”,

El periódico El País de Cali publicó hace dos años una entrevista con el candidato a la Gobernación de Antioquia, en aquel entonces, Luís Alfredo Ramos Botero, aleccionadora al respecto:

“¿El llamado escándalo de la parapolítica, en el que está comprometido el senador Álvaro Araújo, uno de los dirigentes de Alas, puede afectar al partido? El senador Álvaro Araújo está marginado de todas las actividades de Alas Equipo Colombia y los partidos no delinquen.

Pero, usted se asoció políticamente con él...

Sí, pero no respondo por él. Ni por nadie en la política. Quien tenga que responder lo hará por su cuenta.”

Así es muy fácil ejercer como gobernante o como dirigente político. No hay que rendirle cuentas a nadie. No se asumen responsabilidades ante los electores. La relación candidato elector se limita al simple acto de solicitar y recibir el voto. El ejercicio de la democracia deja de ser la más elevada, aunque imperfecta, forma de organización política y social para convertirse en una bagatela donde el voto es una mercancía más, ajena a cualquier consideración que implique obligaciones o derechos de cara a la sociedad.

Volvamos al escándalo de Agro Ingreso Seguro. Lo que se puso de presente no es simplemente la ligereza para feriar los recursos que por ser públicos son sagrados. Ello de por sí es un delito. El despilfarro está apuntalado en una política clasista pro-rico ajena al beneficio general. El sector que más ha alimentado los escándalos de corrupción es el agrícola: créditos de redescuento de Finagro a paramilitares, narcotraficantes y despojadores de tierras; uso indebido de información privilegiada en beneficio propio por parte de algunos empresarios y funcionarios cercanos a entidades del Ministerio de Agricultura; entrega de tierras a personajes cuestionados que se hacen pasar por desplazados; el intento de cambiarle la destinación de las 17.000 hectáreas de Carimagua a favor de intereses empresariales capitalistas en detrimento de las víctimas del conflicto colombiano; funcionarios de alto nivel de entidades como Finagro y Almagrario detenidos o acusados de manejos indebidos de recursos y de las instituciones a su cargo etc. etc.

Cuando la soberbia es más elevada que la honradez –en el funcionario público- la mentira se vuelve un recurso cada vez más desfachatado. Hasta que se enreda en ella.  Es lo que les ha pasado al exministro y al Ministro de Agricultura. Sus verdades no cazan con la realidad. Los medios de comunicación y la oposición lograron  desmontar los discursos oficiales sobre la ausencia de privilegios para acceder a los beneficios, el no pago de favores políticos y financieros por parte del Gobierno y la existencia de criterios de igualdad para que ricos y pobres compartan las bondades del programa.  Por ejemplo: Los requisitos para aspirar a los subsidios no reembolsables, según el ex ministro Andrés Felipe Arias son: ser colombiano, ser empresario del campo, cumplir con los requisitos, sacar el puntaje y aportar los recursos necesarios. Pero  los Términos de Referencia para acceder a los beneficios exigen que el interesado sea poseedor de por lo menos el 20% del total del subsidio solicitado. Mientras más alta sea la contrapartida y más extenso sea el predio en hectáreas, más elevada será la puntuación. Criterios totalmente discriminadores, ofensivos.

Hacer uso indebido de los recursos públicos y despilfarrarlos, discriminar a las personas y engañar a la sociedad, son faltas gravísimas acá y en Cafarnaúm. Pero en Colombia la solidaridad de cuerpo es más exigente que la ética. Las mayorías del Gobierno intentan correr las fronteras de la moral pública. El pupitrazo limpio se impondrá sobre el análisis sereno de los hechos. Al final, con el argumento de que las responsabilidades sí son delegables, el Ministro renunciará como un sacrificado y no como un responsable. El Presidente, nominador y auspiciador de las políticas y los programas, se lavará las manos poniendo cara de intranquilidad. A la espera del próximo escándalo, que en este Gobierno, no tardará.