Más allá de un desfalco, es una crisis sanitaria

Como fue claramente expresado en la edición anterior del Seminario Virtual Caja de Herramientas, Colombia vive una crisis de su sistema de salud que es necesaria tipificar como una crisis sanitaria en el sentido que no es exclusivamente un problema del sistema de salud por un desfalco de sus finanzas.

Existe hoy en Colombia una crisis sanitaria producto de la implementación de la Ley 100 que ha generado un desmantelamiento de la institucionalidad pública de la seguridad social, y de la red pública hospitalaria, una precarización de las condiciones laborales y por ende de vida del personal sanitario, un deterioro en las condiciones de salud de la población producto de la desestructuración de los componentes de salud pública, de promoción y prevención y por la negación sistemática que han hecho las EPS a los servicios de atención, una apropiación privada indebida de los recursos públicos de salud, una trasformación de la formación del talento humano en salud para colocarlo en función de los intereses de los agentes de mercado de salud y un desconocimiento del saber y prácticas culturales en salud presentes en nuestro país y un sometimiento a los desarrollos técnico-científicos extranjeros por no contar con desarrollos propios suficientes. Problemas que no resuelve la reciente reforma a la Ley 100 a través de la Ley 1438.

Y desde luego esta crisis sanitaria tiene su mayor expresión en un cúmulo inmenso de sufrimiento, enfermedad y muerte para miles de personas en el país.

Indignarnos más y converger aún más

En este sentido no se trata entonces de coger a los pillos y meterlos a la cárcel por que el cáncer no se extirpa sólo con retirar el órgano afectado cuando ya hay metástasis,1 y en este caso la Ley 100 ya lo hizo y hace bastante tiempo.

A partir de reconocer que estamos frente a un problema estructural de salud en Colombia, se hace necesario que la sociedad profundice su indignación teniendo como pivote el conocimiento del desfalco a las finanzas públicas de salud (que no es nuevo),2 y actúe para exigir un cambio de fondo proponiendo una salida acertada.

Es indudable que hoy en día existe un número importante de sectores académicos, de usuarios y enfermos, laborales y gremiales de la salud, sociales y políticos, institucionales y de la ciudadanía en general, que nos identificamos con la idea que en Colombia hoy se viola sistemáticamente el derecho a la salud y que se requiere un cambio de fondo.

Se trata entonces de tener la apertura e inteligencias necesarias para entender que requerimos hoy de una gran convergencia nacional, identificada con los principios universales del derecho a la salud, que articule el mayor número de expresiones de la sociedad y genere un hecho social y político suficientemente sólido para que acabe el inadecuado estado de cosas en salud hoy existente en el país.

Necesitamos colocarnos entonces de acuerdo en un conjunto de aspectos esenciales que nos permitan generar la visión y acción compartida. ¿Cuáles pueden ser estos aspectos esenciales?

Por una salida acertada a las necesidades de salud de la gente

Retomando las discusiones de diversos escenarios en que se ha estado deliberando desde que fue expedida la Ley 100, y principalmente desde el proceso impulsado por el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social en el marco de tres congresos nacionales por la salud, planteo estos aspectos como base para un acuerdo nacional por una salida a la crisis sanitaria:

• Insistir en que se reconozca la salud como un derecho que implica que no es una mercancía, ni un favor, que es un deber del Estado y que es para todas y todos los ciudadanos de esta nación sin ningún tipo de discriminación y de diferencia en lo que debe recibir cada uno y una de acuerdo a sus circunstancias de salud, sin tener que demostrar una capacidad determinada de pago para recibirlos.

• No aceptar que los recursos públicos de salud sean utilizados para el beneficio y enriquecimiento de particulares, por lo cual debe existir un Fondo Nacional Público que administre estos recursos y los derive a Fondos Públicos Regionales para que contraten la prestación de los servicios con la red pública y privada, bajo un control y vigilancia rígida de instituciones públicas que efectivamente tenga dientes para hacerlo y lo más importante, que efectivamente exista un control social sobre la manera como se hace uso de estos.

• Considerar innecesaria la intermediación que hoy hacen las EPS en tanto han demostrado su ineficacia para producir salud, además que se han convertido en un medio de corrupción, por lo cual deben desaparecer.

• El sentido central del sistema deben ser las personas, no las ganancias, por lo cual el sistema debe fortalecer todo el componente de atención colectiva de salud y desarrollar adecuadamente los procesos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, muy relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas para lo cual es pertinente que el modo de atención se estructure a través de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS). Así mismo, fortalecer los procesos de atención humanizados para que las personas se sientan acogidas y reconocidas en cualquier contacto, tanto mural como extramural, que tenga con el personal de salud.

• Estructurar un sistema de información en salud que permita conocer con exactitud la situación de salud de toda la población en todo el territorio colombiano, no solamente en las grandes ciudades. Garantizar así mismo, tener una historia clínica digital con la cual un ciudadano puede ser atendido y hacérsele seguimiento en cualquier lugar del país y no como hoy se da, que es sólo en el territorio en el cual contrata la EPS. Si el sistema bancario en el país puede tener un sistema de información tan preciso, ¿por qué no lo podría tener el sistema de salud?, indudablemente que sí es posible, sólo que se hace necesario quitarle el control de éste campo a aquellos que lo vienen encubriendo, tergiversando y no desarrollan porque es útil a sus intereses particulares (es mejor que no se registren las muertes de los usuarios, o que se duplique un usuario, o que se creen falsamente un usuario, o que no se sepa con exactitud la muerte marteña, todo esto da réditos económicos a las EPS).

• Desarrollar procesos que permitan un alto nivel de participación ciudadana, que posibilite, que se incida y controle en las decisiones de salud en el país, tanto en el ámbito nacional como en el local.

• Incorporar los patrimonios culturales e intelectuales de la medicina indígena y la medicina de los demás grupos étnicos, bajo controles de calidad.

• Establecer formas de contratación y reconocimiento laboral dignos que reconozcan el valor social de la labor de todos las y los trabajadores del sistema de salud y que garantice la protección de su salud. De igual forma el sistema debe desarrollar una línea de protección de la salud en el mundo del trabajo que cobije no sólo para los trabajadores formales, sino también para el grueso de los trabajadores informales.

• Tener una cabeza estatal en un Ministerio de Salud, que debe ser para contribuir a producir salud y no para cuidar y acrecentar las ganancias de las EPS. Igualmente contar con Secretarias de Salud Departamentales y Municipales encargadas de desarrollar las políticas de salud colectiva, promoción y prevención con lo cual el sistema va más allá de la atención a la enfermedad y aboca los determinantes sociales de la salud.

Queda un punto importante en el que requerimos estar de acuerdo. Si el nuevo sistema debe ser de aseguramiento público o un sistema nacional de salud, en tanto esto tiene que ver con su forma de financiamiento y operación. Existen diversos argumentos para sostener que debe ser uno u otro.

Ideas precisas para converger y tener capacidad de incidir

Pero como se trata de lograr un acuerdo que nos permita avanzar, lo que podemos decir es que el nuevo sistema debe ser público, sin intermediación, articulado entre los ámbitos central y locales, con un fondo público nacional financiero que envía los recursos a fondo públicos regionales para la contratación de servicios, con una sólida vigilancia y control institucional, con una alta participación y control ciudadano, con un énfasis en los componentes de salud colectiva, de promoción y prevención, con reconocimiento de las diferencias de género y culturales, con una atención en cualquier parte del territorio nacional y con contratación y reconocimiento laboral dignos para todos los y las trabajadoras del sistema de salud.

Considero que con estos aspectos podemos avanzar en el necesario acuerdo nacional, planteando explícita y contundentemente para que no se nos calumnie, que con esta salida no queremos retornar a lo que había antes de la Ley 100 porque en el país hasta el momento, no hemos tenido una experiencia de garantía del derecho a la salud, pero ese es el proyecto histórico que en estos momentos podemos configurar si somos abiertamente inteligentes a las confluencias para poder enfrentar el poder de las EPS y sus aliados, para que las cosas no sigan igual y hagamos realidad que otro sistema garante del derecho a la salud en Colombia ¡Sí es posible!