III Encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada 2010.

Resumen de resultados preliminares en materia de bienes rurales.

Los desplazados son el grupo social más vulnerable entre los vulnerables

La comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado realizó el pasado viernes 24 de abril, en las instalaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, la presentación pública del décimo primer informe Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia; que ya fue entregado y puesto en conocimiento a la Honorable Corte Constitucional.

Luís Jorge Garay, director del equipo de verificación de la sentencia T025 de 2004, y miembro de la secretaría técnica de la Comisión de Seguimiento, expuso varios hallazgos y resultados de dicha investigación:

El 22 de enero de 2004, la Corte Constitucional profirió la sentencia de tutela T-025, a través de la cual declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianos y colombianas víctimas del desplazamiento forzado y la profunda distancia entre los derechos consignados en la Ley 387 de 1997 y los recursos financieros e institucionales de la política pública destinada a atender esta crisis humanitaria. Esta decisión se produjo como respuesta a la creciente capacidad organizativa de la población desplazada y luego de que miles de personas desplazadas interpusieran recursos de tutela ante la justicia colombiana, para reclamar el acceso efectivo a sus derechos. La sentencia ordena la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas y establece un proceso de seguimiento en el que participan tanto el gobierno nacional, los organismos de control, las agencias humanitarias de la comunidad internacional, las organizaciones de población desplazada y las organizaciones de derechos humanos.