El 22 de enero de 2004, la Corte Constitucional profirió la sentencia de tutela T-025, a través de la cual declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianos y colombianas víctimas del desplazamiento forzado y la profunda distancia entre los derechos consignados en la Ley 387 de 1997 y los recursos financieros e institucionales de la política pública destinada a atender esta crisis humanitaria. Esta decisión se produjo como respuesta a la creciente capacidad organizativa de la población desplazada y luego de que miles de personas desplazadas interpusieran recursos de tutela ante la justicia colombiana, para reclamar el acceso efectivo a sus derechos. La sentencia ordena la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas y establece un proceso de seguimiento en el que participan tanto el gobierno nacional, los organismos de control, las agencias humanitarias de la comunidad internacional, las organizaciones de población desplazada y las organizaciones de derechos humanos.

Dada la trascendencia de esta decisión y la necesidad de garantizar su cabal cumplimiento, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Decanatura de Derecho de la Universidad de los Andes e importantes personalidades de la vida nacional asumieron la responsabilidad de constituir la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, desde el mes de Agosto de 2005.

La Comisión de Seguimiento, se ha planteado como una iniciativa de sociedad civil con un mandato orientado a proporcionar apoyo tanto al proceso de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional, como a los procesos de reivindicación de los derechos por parte de las personas en situación de desplazamiento. Por esta razón, su conformación es respetuosa de la autonomía y no se propone desarrollar ningún tipo de representación de los intereses de las personas y comunidades desplazadas, ni la representación de la sociedad civil en su conjunto.

Desde su creación, la Comisión se propuso realizar tareas de seguimiento técnico y sistemático, así como de incidencia sobre el desarrollo de una política integral frente a la catástrofe social que expresa el desplazamiento forzado, con un criterio de acción basado en la independencia y la complementariedad a otras acciones de diversa índole que han venido adelantándose en este campo.

En desarrollo de este proceso la Comisión ha presentado ante la Corte Constitucional diversos documentos elaborados con la participación de expertos en política sectorial, organizaciones especializadas en la defensa de derechos diferenciales y con base en el diálogo permanente con agencias de las Naciones Unidas, Organismos de Control del Estado colombiano, organizaciones de la población desplazada y organizaciones sociales interesadas. (Ver listado de documentos)